El FMLN volvió a negar información del origen y destino de sus fondos de la campaña 2018, alegando que es confidencial y que si revela los datos se afectará su estrategia electoral. El Tribunal Supremo Electoral le ordenó, luego de una audiencia, entregar la información.

El apoderado judicial del FMLN, Julio César Vargas Acevedo, aseguró que la afiliación política “es un dato sensible” que puede afectar a los ciudadanos titulares de la misma y que “su acceso debe ser restringido”, de acuerdo al acta, luego de la audiencia celebrada ayer en el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El demandante de la información, Eduardo Escobar, aseguró en la audiencia que el partido de izquierda ha entregado esa información en anteriores ocasiones y pidió que el TSE ratifique “el carácter universal del derecho de acceso a la información pública”.

Vargas argumentó que el FMLN no le entrega dinero a los candidatos y que la información solicitada es “inexistente” y pidió al TSE hacer una ponderación entre la confidencialidad de la información solicitada y el derecho al acceso a la información, porque “ningún derecho es absoluto”.

Otro argumento de los representantes del FMLN fue que la información solicitada “atañe a las estrategias de campaña”, mencionando que por ejemplo tienen contratos con cláusulas de confidencialidad.

La transparencia financiera inició a raíz de una sentencia de la Sala de lo Constitucional de agosto de 2014.



“Donantes deciden”, dice Nidia Díaz

Nidia Díaz, jefa de fracción de FMLN dijo que los informes son privados porque ese es el tratamiento que les han dado y que los donantes son quienes deciden cuándo quieren que se les exhiban o no, pero no entró en detalles, argumentando que no estaba informada del caso. Schafik Hándal, subjefe de fracción del FMLN, mencionó que no tiene conocimiento del tema y que prefiere omitir comentarios al respecto.

La información no entregada es el listado de donantes detallado y los gastos realizados detallados por departamento y municipio, candidato, medios de comunicación, movilización, personas y empresas contratadas, desde enero de 2017 destinados a la campaña electoral 2018.