El informe, entregado a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, reporta que una agencia de viajes sumó el gasto de los boletos de Funes, Pignato y sus respectivas comitivas. El resultado: $720,639.06.
Sin embargo, la cifra proveída por la agencia de viajes y sus respectivas facturas contrasta con los registros contables de la Presidencia de la República, que suma $86,422.50 de boletos de las comitivas. La CCR dice que fueron transferencias y pagos en efectivo.
Tampoco existen registros contables de las actividades protocolarias en la Presidencia de la República, durante el mismo periodo, según el informe de la Corte de Cuentas, al que tuvo acceso Diario El Mundo. La CCR también consultó al Ministerio de Relaciones Exteriores si tenía datos sobre el gasto de estas actividades protocolarias por atenciones a funcionarios extranjeros y tampoco reportó algún gasto.
El informe es la “Investigación especial a requerimiento de la Sala de lo Constitucional de la CSJ sobre control y resguardo de documentos en la Presidencia de la República” y es firmado por la directora de auditoría uno. La presidenta de la CCR, Carmen Elena Rivas Landaverde, lo remitió el 20 de diciembre.
Gastos reservados
La Corte de Cuentas especula en el informe que los fondos destinados a algunos viajes del expresidente Funes, la ex primera dama y sus comitivas podrían haber provenido de los fondos reservados.
“Dichas erogaciones podrían considerarse que fueron efectuadas bajo la cifra presupuestaria, rubro de agrupación 54 adquisición de bienes y servicios, cuenta 543 servicios generales y arrendamientos, objeto específico 54315 gastos reservados”, reza el informe.
Los gastos reservados durante esos dos años y medio ascendieron a un total de $186,713,031.30, según el examen de la CCR.
El pasado 1 de diciembre, la Sala ordenó a la CCR que entregara en 15 días hábiles el resultado de una auditoría a los viajes solicitados.
El 23 de octubre de 2017, en una resolución en donde la Sala consideró no cumplida su sentencia que ordenaba entregar información sobre dichos viajes, dio cinco días a la CCR para entregar las auditorías o, si no las habían realizado, hacerlas. En este último caso, daban 30 días hábiles como máximo. En esa resolución, los magistrados de la Sala decían que los viajes de un presidente son de “interés público”.
El proceso es analizado por la Sala a raíz de una demanda de Herbert Vega contra la reserva total declarada por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) ante la solicitud de los ciudadanos Roberto Burgos y Xenia Hernández, exmiembros del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (Alac-Funde).
