El secretario general de la OEA, Luis Almagro, junto al canciller salvadoreño Hugo Martínez. / DEM
En comunicado oficial, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, pidió el viernes a El Salvador que ponga fin a las presiones y los ataques verbales contra la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República y advirtió que esta situación amenaza la independencia de poderes en el Estado salvadoreño.
Estas presiones y ataques verbales fueron calificados por el secretario de la OEA como “una seria amenaza a la independencia de poderes” en El Salvador. El llamado para los partidos políticos fue “moderar la retórica que conduce al enfrentamiento”, “terminar con las presiones, mesurar posiciones y no alentar protestas que pongan en riesgo la independencia de poderes”, la seguridad y la estabilidad.
Pidió a ARENA y al Gobierno “un diálogo permanente” que dé en “breve” una “solución de largo aliento” a la frágil situación financiera y consideró que esto pone en riesgo la posición del país frente a organismos financieros internacionales; Almagro observó que esta situación “podría acarrear situaciones inciertas para el país y la región”.
Observó que hay conflictos entre poderes del Estado que provocan “incertidumbre acerca de la financiación del presupuesto nacional”.
El llamado del líder de la OEA ocurre un día después que el secretario general del FMLN y otros líderes de partido de Gobierno les pidieron a una concentración de simpatizantes y bases que estuvieran en “alerta” si los necesitaban, en referencia a la postura de la opositora ARENA, que ha ofrecido votos pero gradualmente a los $1,200 millones solicitados por el Ejecutivo para aplacar el déficit financiero y poder terminar el año 2016.
En esa concentración, excombatientes del FMLN protestaron contra “cuatro magistrados”, refiriéndose a la Sala de lo Constitucional de la CSJ, alegaron que ellos no quieren “aprobar préstamos para el pueblo”. Las protestas iniciaron luego de las sentencias que ésta emitió contra la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, de 1993; y que declaró inconstitucional la emisión de $900 millones en bonos e inhabilitó a 84 diputados suplentes por falta de votación directa.
