La acusación que el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ),
presentó contra 13 pandilleros salvadoreños de la MS-13 ante una corte de Nueva York, señala que los gobiernos salvadoreños negociaron treguas con los pandilleros desde 2012 hasta 2021, que incluye la actual gestión.
El documento dice que la ranfla nacional, los jefes máximos de la MS-13, tienen influencia política en El Salvador; esta influencia empezó a gestarse en 2012 junto a la pandilla rival, el barrio 18, a través de la tregua con miembros del FMLN, quien gobernaba en ese entonces. "Para reducir los homicidios en El Salvador a cambio de traslados a prisiones menos seguras, mejores condiciones carcelarias, visitas conyugales, pagos en efectivo y otros beneficios y privilegios”.
Añade que también negociaron con Arena "para otorgar votos a candidatos políticos a cambio de beneficios para la MS-13 y la propia ranfla”. La acusación estadounidense dice que la reducción de homicidios se mantuvo hasta 2015, cuando la tregua terminó.
En 2016, las pandillas iniciaron una escalada de violencia y organizaron una unidad élite para atacar policías.
Las negociaciones con el Gobierno actual
Pero la influencia política no terminó ahí, según la acusación estadounidense, la ranfla siguió negociando con los partidos políticos "como parte de sus esfuerzos por mantener el poder e influencia de la MS-13 y obtener beneficios de El Salvador, incluidas, entre otras, las negociaciones en relación con las elecciones presidenciales de febrero de 2019 en El Salvador”, cita el documento.
Según el DOJ, los pandilleros Jorge Alexander de la Cruz "Cruger de Peatonales”, y Carlos Tiberio Ramírez-Valladares "Snayder de Pasadena” fueron los que negociaron con el actual gobierno en 2019.
Transcurridas las elecciones presidenciales, Borromeo Henríquez "El Diablito de Hollywood”, Elmer Canales Rivera "El Crook” o "Ladrón de Hollywood”, y Carlos Tiberio Ramírez Valladares, fueron quienes se reunieron en secreto "en numerosas ocasiones con representantes del gobierno de El Salvador dentro de las cárceles de Zacatecoluca e Izalco, y en otros lugares”.
Los fiscales estadounidenses dicen que estas reuniones fueron organizadas por el Gobierno salvadoreño, y funcionarios como el director de Centros Penales y el director de Tejido Social.
El director de penales, Osiris Luna, y el director de Tejido Social, Carlos Marroquín, han sido señalados en investigaciones periodísticas por negociar con pandillas. El primero, incluso, de llevar pandilleros a los centros penales a negociar.
Además de los beneficios carcelarios, la MS-13 negoció no extraditar a sus jefes a EE.UU. a cambio de reducir los homicidios "que benefició al Gobierno de El Salvador a crear una percepción de que el gobierno estaba reduciendo la tasa de asesinatos”, cita el texto.
Votos para Nuevas Ideas
La acusación de Estados Unidos dice que la MS-13 acordó usar su influencia política para dirigir a sus miembros, amigos y familiares "para apoyar a los candidatos de Nuevas Ideas en las elecciones de 2021, para el poder legislativo de El Salvador”.
Esta es la primera vez, que un documento oficial de Estados Unidos habla de negociaciones del partido oficialista con las pandillas, a cambio de votos electorales. Desde el año pasado, la Asamblea cuya mayoría es Nuevas Ideas aprobó el régimen de excepción que permitió capturar a más de 64,000 supuestos pandilleros hasta la fecha.
En la acusación, los fiscales también plasmaron que uno de los objetivos de la MS era asesinar al designado del FBI en El Salvador.