Alta comisionada de la ONU insta a El Salvador a respetar derechos humanos

La alta comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, incluyó a El Salvador, junto a Venezuela, Nicaragua y Haití, en una lista de países que le inquietan a su oficina en la región latinoamericana, por su déficit democrático o tendencias autoritarias. Mencionó primero a Venezuela y Nicaragua, cuya situación tildó de "extremadamente inquietante”; luego señaló a El Salvador y posteriormente a Haití. "También nos inquieta El Salvador, el estado de emergencia que conllevó a que más de 30,000 personas siendo arrestadas y las enmiendas subsecuentes de los procedimientos penales, reconocemos y debo decir, entiendo que la seguridad y cómo se maneja la delincuencia es algo sumamente desafiante y reconozco los desafíos que se tienen con las pandillas en El Salvador”, expresó la representante de la oficina de derechos humanos. Bachelet dejó claro que es necesario enfrentar la inseguridad y las pandillas en El Salvador, pero aseguró que es necesario respetar las leyes internacionales de derechos humanos.

Seguridad y justicia, respetando derechos

En la cumbre Bloomberg New Economy Gateway Latin America celebrada en Panamá los días 18 y 19 de mayo, y transmitida por Bloomberg en Línea, Bachelet fue enfática en decir que hay una buena intención en El Salvador, pero instó a actuar respetando los derechos humanos. "El Estado debe asegurar la seguridad y la justicia pero cumpliendo las leyes internacionales de derechos humanos”, insistió. La entrevistadora le preguntó cómo este Presidente joven, refiriéndose al mandatario salvadoreño Nayib Bukele, puede reducir la violencia "sin caer en las violaciones de derechos humanos que ocurren en otros países”, como Nicaragua y Venezuela. Bachelet insistió en que el Estado es el responsable de garantizarle la seguridad y la justicia a las personas y que esto se puede hacer "cumpliendo con la ley de derechos humanos”. El Salvador vive un régimen de excepción vigente desde el 27 de marzo que vence el 25 de mayo próximo. El decreto permite la suspensión de los derechos constitucionales de la defensa, a la reunión y asociación, a no ser detenido más de 72 horas sin audiencia, y a no ser intervenido en las telecomunicaciones y correspondencia. Desde el inicio del régimen, el Gobierno ha capturado 32,000 personas que dice son pandilleros, aunque organizaciones sociales denuncian capturas arbitrarias. El régimen de excepción fue aprobado por la Asamblea Legislativa a raíz de un alza repentina de homicidios los días 25, 26 y 27 de marzo. Sobre esta alza de homicidios, el periódico electrónico elfaro.net publicó el martes un reportaje en el cual atribuye este hecho al rompimiento de un pacto de Gobierno y pandillas, divulgando audios con la voz del director de Tejido Social de la Presidencia de la República, Carlos Marroquín. El Gobierno ha negado que exista un pacto con las pandillas.