La Asociación de Periodistas de El Salvador pide condenar agresiones y no esperar a que El Salvador se convierta en Nicaragua.
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) informó el miércoles que durante 2022 un total de 136 agresiones a periodistas, de las cuales la mayor cantidad fue realizada por funcionarios o agentes del Estado.
El Centro de Monitoreo de Agresiones contra Periodistas de la APES detectó un aumento de vulneraciones en el último trimestre de 2022, dentro del cual se registró 13 ataques digitales, 12 declaraciones estigmatizantes, 9 restricciones al ejercicio periodístico, 8 casos de vigilancia y seguimiento, y 7 casos de acoso laboral.
En todo 2022, fueron 25 ataques digitales, 23 restricciones al ejercicio periodístico, 20 declaraciones estigmatizantes, 9 casos de vigilancia y seguimiento, 8 casos de difamación.
La APES cree que la tendencia muestra también un aumento en 2023, ya que en los primeros cuatro meses del presente año han recibido denuncias de 63 afectaciones o agresiones contra periodistas en 54 casos, casi la misma cantidad de agresiones registradas en todo el año 2018, 65 casos, y la mitad de las denuncias de todo 2022.
La presidenta de la APES, Angélica Cárcamo, aseveró que no todos los casos denunciados a la gremial son registrados, debido a que en muchas ocasiones los periodistas no quieren denunciar porque tienen miedo. La mayor parte de agresores, según la APES, son funcionarios o agentes estatales.
El cierre de tres medios comunitarios, amenazas y exilio de 11 periodistas, el uso del software de espionaje Pegasus contra más de 20 periodistas y un discurso de odio en las redes sociales se suma a los casos de agresiones registradas por la gremial.
La gremial citó que la Superintendencia de Telecomunicaciones (Siget) cerró las radios Mi gente y Copinula, de Ahuachapán, y la radio Fonseca, de La Unión debido a parámetros técnicos. Además, informó que conoce de muchas empresas que han dejado de pautar publicidad en ciertos medios de comunicación por temor.
El relator de la APES, Gabriel Labrador, observó que hay un "engranaje” entre la narrativa del gobierno con las expresiones anónimas en redes sociales o empleados públicos que replican mensajes de odio.
El Centro de Monitoreo detectó tres regulaciones que "entorpecen o bloquean” el trabajo periodístico: la legislación de lavado de dinero y activos, la reforma a la ley de proscripción de agrupaciones ilícitas, la reforma a la Ley de Acceso a la Información Pública y las reformas a la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones.
Como recomendaciones, la APES pidió al gobierno dejar de utilizar la pauta publicitaria como mecanismo de presión a medios de comunicación; a los diputados, cumplir la ley por una vida libre de violencia para las mujeres, revertir reformas legales contra periodistas, revivir el proyecto de ley de protección a periodistas y erradicar discursos de odio contra periodistas.
Además, pidieron a los periodistas dignificar su labor, elaborar protocolos de género, de seguridad, física, digital y emocional para periodistas, unificar esfuerzos y promover espacios seguros.
A los cuerpos diplomáticos, la gremial periodística solicitó mantener un diálogo constante, solicitar al gobierno el respeto a la libertad de prensa y condenar públicamente las agresiones a periodistas.
"No esperemos a que nos lleguemos a convertir en una Nicaragua”, expresó la presidenta de la gremial.