Darían hasta $25,000 por retiro voluntario de pensionados del Ejecutivo

El viceministro de Hacienda, Jerson Posada Molina, pidió hoy a la Asamblea Legislativa que apruebe una ley para entregar una compensación económica de un salario por cada año laborado hasta un límite de $25,000 por retiro voluntario de servidores públicos jubilados o pensionados del Ejecutivo o instituciones autónomas y descentralizadas. El contenido del proyecto no ha sido aprobado. La iniciativa fue introducida por el diputado Christian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas. La modificación de la agenda de la Asamblea Legislativa recibió 67 votos. Si se aprueba el proyecto, el pago de la compensación se realizaría en dos cuotas iguales; la segunda será cancelada en menos de 30 días luego de la primera. El pago de un salario aplicaría por cada fracción mayor de seis meses de servicio consecutivo y la compensación estaría exenta de Impuesto sobre la Renta. El proyecto de "Ley transitoria de compensación económica por retiro voluntario de servidores públicos jubilados o pensionados del Órgano Ejecutivo, entidades descentralizadas no empresariales y entidades autónomas” fue entregado a las 4:15 p.m. de este jueves a la Asamblea Legislativa por el viceministro de Hacienda. La ley aplicaría a "jubilados y pensionados” que estén contratados en el Órgano Ejecutivo, entidades descentralizadas no empresariales y autónomas. No aplicaría a empleados de los otros órganos de Estado ni al personal militar. Tampoco aplicaría a los empleados beneficiados con algún plan de retiro voluntario similar, según el proyecto. Quienes apliquen a la compensación, según el proyecto, los trabajadores deberán renunciar a beneficios por renuncia establecidos en otras normativas. Los servidores públicos que apliquen a esta compensación no podrán ser contratados en el sector público durante 10 años después de su renuncia, según el proyecto. Para ampararse a esta compensación los servidores públicos jubilados o pensionados deberán presentar su renuncia 30 días antes de que la ley venza, la cual tendría una vigencia de seis meses. Según el proyecto del Ministerio de Hacienda, el decreto responsabiliza a cada institución la gestión de los fondos necesarios y obliga a Hacienda a proveer los recursos. El Estado podrá usar las plazas vacantes solo con la autorización previa del Ministerio de Hacienda.