La Asamblea Feminista, la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto y la Colectiva Feminista denunciaron este miércoles
la detención de una joven de 19 años tras sufrir una emergencia obstétrica.
Las activistas señalan que este caso pone de manifiesto la situación de "criminalización que enfrentan las mujeres" en el país, y subrayan que El Salvador sigue incumpliendo los mandatos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tras la sentencia del
caso Manuela donde el Estado salvadoreño
fue declarado responsable de violentar los derechos de la mujer.
¿Qué se sabe del caso?
Aunque el caso está bajo reserva judicial, las activistas compartieron que joven acudió a un hospital público de la zona occidental, en busca de atención médica, sin saber que estaba embarazada.
En lugar de recibir asistencia, el personal de salud la denunció, fue esposada a su camilla y llevada directamente a la cárcel.
Este caso recuerda a otros similares, como el de Evelyn en 2019 o el de Lilian, la última de las 73 mujeres liberadas tras ser encarceladas por emergencias obstétricas. Para las activistas, estos casos evidencian un patrón de criminalización que afecta a mujeres de escasos recursos.
Este caso es el primero que ocurre luego que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declarara culpable al Estado salvadoreño de violentar los derechos de Manuela, una joven de la zona rural de Morazán, quien sufrió una emergencia obstétrica y un parto extrahospitalario en 2008.
Manuela fue encarcelada y condenada a 30 años de prisión por homicidio agravado. Mientras estaba en prisión fue diagnosticada con linfoma de Hodgkin con esclerosis nodular, le recetaron quimioterapia y sus representantes dijeron que hubo un tiempo en que le fue negada. Murió el 30 de abril de 2010, en el pabellón de reos del hospital Rosales, de San Salvador. Manuela fue el nombre ficticio usado por las organizaciones para proteger su identidad.
Tras su muerte, las organizaciones llevaron su caso al sistema interamericano donde en el año 2022 declaró responsable al Estado salvadoreño de violentar sus derechos, especialmente la atención obstétrica, además, la Corte ordenó al Estado a regular las normas que rigen el secreto profesional médico, debido a que Manuela fue acusada de haber cometido delito por la médica que la atendió.
Tras un año de sentencia, el Ministerio de Salud (Minsal) emitió un protocolo denominado para Abordaje de atenciones en el periodo preconcepcional, prenatal, parto, puerperio y emergencias obstétricas desde una perspectiva de derechos humanos, pero las organizaciones demandantes denunciaron que éste no había sido socializado los suficiente con el personal médico.
¿La historia vuelve a repetirse?
En este nuevo caso, el equipo jurídico de la Agrupación Ciudadana condenó la detención de esta joven de 19 años, subrayando que las mujeres que enfrentan emergencias relacionadas con el embarazo no deberían ser criminalizadas. Según las abogadas de la organización, el Minsal debió aplicar el protocolo antes mencionado.
Además, denunciaron que la aplicación del régimen de excepción agrava la situación, violando derechos fundamentales como la presunción de inocencia y el debido proceso.
"Una vez más estamos para decir y denunciar que el Estado salvadoreño está incumpliendo y vulnerando tratados internacionales, una vez más no está ofreciendo alternativas a las mujeres que están enfrentando complicaciones obstétricas, que están presentando partos extra hospitalarios. La única alternativa que están presentando estas mujeres es encontrarse con la muerte o la cárcel”, expresó Alejandra Burgos, de la Red de Defensoras de Derechos Humanos.
Morena Herrera, presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, enfatizó que no se debe aplicar el Régimen de Excepción a las emergencias obstétricas.
"Una emergencia obstétrica es un problema de salud de las mujeres y de las personas gestantes, debe abordarse con servicios de atención y cuidados de salud y no como un problema de seguridad. Cuando el Estado salvadoreño trata las emergencias obstétricas con las herramientas del Régimen de Excepción está cometiendo una doble discriminación y violación de derechos: porque criminaliza a mujeres pobres y porque las trata como delincuentes que amenazan la seguridad de la sociedad y esto no es así”, afirmó Herrera.
El Salvador prohibió el aborto sin excepciones en 1998 y la ley lo castiga con entre dos y ocho años de cárcel, aunque a menudo es tipificado como "homicidio agravado", lo que conlleva a penas de 30 a 50 años de prisión.
"Nos preocupan los graves impactos que continúa teniendo esta legislación contra el aborto en la vida y salud de las mujeres en El Salvador, por la criminalización de las mujeres que enfrentan emergencias obstétricas y que son denunciadas por aborto", dijo Ivonne Polanco, de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, en rueda de prensa.