DOM transfiere, como accionista, $14.1 millones a constructora

La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó el lunes la autorización una transferencia de bienes de la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) por $14.1 millones a la empresa Constructora El Salvador, Sociedad Anónima de Capital Variable, de la cual es accionista mayoritaria según el decreto. La empresa "Constructora El Salvador, S.A. de C.V.”, inscrita el 28 de abril de 2023 en el Centro Nacional de Registros (CNR), recibirá $14,161,869.2, un total de equipo por $12,085,169.22 y dos plantas asfálticas por $2,076,700. El representante de la DOM, Edwin Chavarría, aseguró a los diputados que la DOM está realizando obras en 199 municipios como escuelas, calles y mercados. El decreto se aprobaría mañana en el pleno. "Todos los empresarios de la construcción no dan abasto, es necesario crear una constructora”, dijo María Navarrete, ministra de Desarrollo Territorial, en la Comisión de Hacienda. La abogada Ruth López aseguró que la creación de una empresa constructora privada con acciones de una entidad del Estado como la DOM buscaría "extraerse del control de la Corte de Cuentas”, evitar una contraloría ciudadana y favorecer las prácticas anticompetitivas para inclinarse hacia ciertas subcontrataciones. López, jefa del área anticorrupción de la DOM, concluyó que con esta práctica "los riesgos de corrupción aumentan”, aunque cree que cualquier entidad privada que mueva fondos públicos tendría que ser auditada. Un economista consultado por Diario El Mundo explicó que todas las entidades públicas como la DOM tienen información que, aunque no se la entreguen a los ciudadanos, "quedan registros en Hacienda y dentro de las mismas instituciones”. Sin embargo, advirtió que, cuando son privadas, en el caso de la Constructora El Salvador, S.A. de C.V., "tienen autonomía de no dar información” porque "como que priva que la empresa privada no puede dar información estratégica, confidencial, porque si se revela le daría ventaja a la competencia”. El economista considera que ese criterio prevalecería aunque en principio todo lo financiado con recursos públicos "debería” auditarse y ser público. El especialista explicó que otros países tienen una base de información pública "de quiénes son los beneficiarios directos o finales de esas entidades privadas” para que los ciudadanos puedan saber "realmente a quién se le está dando el dinero al fin de cuentas”.