Estados sugieren a El Salvador juicios justos y respetar derechos de detenidos

Un total de 29 países recomendaron a El Salvador respetar los estándares mínimos internacionales en derechos humanos en los procesos penales, hacer "juicios justos” y cumplir las normas "Nelson Mandela” de condiciones carcelarias de los detenidos bajo régimen de excepción. Este lunes, los representantes de países miembros de las Naciones Unidas hicieron recomendaciones a El Salvador en el Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que se reúne en el Palacio de las Naciones, en Ginebra, Suiza. Un 39 % de los países otros sugirieron de que El Salvador debería cumplir estándares mínimos de derechos humanos, respetar el debido proceso o realizar juicios justos a los detenidos, cumplir condiciones carcelarias de los detenidos o las normas "Nelson Mandela”, como se conocen 122 "Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos". Los países que más pusieron énfasis en el juicio justo y debido proceso fueron Italia, España, Suiza, Reino Unido, Alemania y Estados Unidos. Pero también exhortaron a un debido proceso y respetar normas mínimas de derechos humanos Brasil, Chile, Colombia, México, Irlanda, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Corea, Rumania, Rusia, Eslovenia, Australia, Austria, Bélgica, Estonia, Francia, Grecia, Indonesia e Irán. Un grupo menor, de 10 países aproximadamente recomendaron levantar el régimen de excepción, ya sea fijando un plazo de terminación o avanzar en dicho proceso. A este grupo se unió Irlanda, Luxemburgo, Malta, México, Nueva Zelanda, Suiza, Reino Unido, Colombia y Alemania. La delegación de Eslovenia, sin solicitar la derogatoria, se manifestó contra el régimen de excepción, indicando que están "muy preocupados por las grandes violaciones a derechos humanos debidas al estado de emergencia que han llevado a suspender los derechos fundamentales y garantías para un juicio justo". Antes de hacer sus recomendaciones, la mayoría de Estados reconocieron la mejoría en la situación de seguridad en El Salvador. El delegado de Argentina elogió el Plan Control Territorial del gobierno de Nayib Bukele y recomendó a El Salvador "continuar consolidando esos logros".

Protección a periodistas y defensores

Dieciséis países hicieron énfasis en que El Salvador debe proteger a periodistas y a los defensores de derechos humanos, permitirles que hagan su trabajo sin una "injerencia" para tener un espacio cívico abierto en el país. A esta exhortación se unieron Lituana, México, Noruega, Perú, Rumania, España, Reino Unido, Austria, Canadá, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Estonia, Francia, Alemania y Grecia.

Revisar la prohibición del aborto

Con diferentes matices, los representantes de 15 países hicieron recomendaciones relacionadas con la revisión a la prohibición absoluta del aborto. La representante de México sugirió concretamente "despenalizar el aborto en casos espontáneos y de urgencias obstétricas"; Países Bajos, Suiza y Australia también recomendaron la despenalización pero en casos de violaciones o abusos sexuales y cuando peligra la vida de la mujer. También sugirieron revisar o derogar la prohibición Irlanda, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Eslovenia, Suiza, Reino Unido, Uruguay, Bélgica, Cabo Verde, Francia, Islandia e India.

Tortura, desapariciones y justicia transicional

Los Estados miembros de la ONU recomendaron a El Salvador ratificar la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas: lo pidieron Iraq, Maldivas, Paraguay, Portugal, Senegal, España, Suiza, Ucrania, Francia y Colombia. También, exhortaron a El Salvador a ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes: Italia, Portugal, España, Suiza, Ucrania, Armenia, Chipre, Chile y Gambia. Cuatro países, Luxemburgo, Marruecos, Alemania y Francia, también exhortaron a El Salvador a aprobar una ley de justicia transicional, investigar violaciones cometidas durante el conflicto armado o tener un marco para la reparación del conflicto armado. El régimen de excepción, una medida que suspende tres derechos constitucionales relacionados a la defensa, tiempo máximo de detención y privacidad de las telecomunicaciones, cumplirá tres años el 27 de marzo próximo.