Los funcionarios públicos que tuvieron reparos en la Corte de Cuentas de la República (CCR) pagaron $124,025.14 durante el año 2022 por responsabilidades patrimoniales y administrativas señaladas en juicios de cuentas, 1 % del monto de condenas en las cámaras de primera instancia y 1.09 % de las condenas confirmadas en segunda instancia durante el mismo año.
La cifra pagada por funcionarios es 34 % menor a la cantidad que fue cancelada por los servidores públicos bajo juicio de cuentas durante 2021.
Un año antes, los funcionarios pagaron $90,061.77 de responsabilidad patrimonial y $99,348.64 de responsabilidad administrativa, haciendo un total de $189,410.41.
En 2022, pagaron $41,4422.13 de responsabilidad patrimonial y 482,583.01 de responsabilidad administrativa.
Hallazgos bajan a la mitad en un año.
Las unidades de auditorías de la Corte de Cuentas determinaron hallazgos por un total $141.3 millones durante 2022, menos de la mitad del monto que estas mismas unidades encontraron durante el año 2021, $310.6 millones.
En 2021 hubo 3,111 hallazgos, bajando levemente a 2,908 hallazgos en 2022.
En los dos años, las siete unidades de auditoría de la oficina central y las tres regionales han encontrado hallazgos por $451.9 millones durante los dos años, tanto en auditorías como en exámenes especiales.
¿Cuánto condena?
Luego de un informe de auditoría o examen especial, cada caso pasa a un juicio de cuentas. Estos son procesados por las cámaras de primera instancia de la CCR, que puede absolver o condenar a un funcionario o exfuncionario público por el uso de los fondos estatales o por infracciones administrativas.
De 2021 a 2022, los montos condenatorios se han mantenido en más de $12 millones, ya que si bien en 2021 se condenaron a funcionarios por $12.8 millones de responsabilidades patrimonial y administrativa en 2022 las condenas sumaron $12.7 millones.
Las absoluciones disminuyeron de $58.4 millones a $29.9 millones durante el periodo. El total de sentencias, en monto, disminuyeron de $71.2 millones a $42.7 millones.
Las apelaciones.
Durante 2022, la Cámara de Segunda Instancia de la Corte de Cuentas dictó 129 sentencias definitivas, de un total de 1,685 trámites acumulados.
La Cámara de Segunda Instancia es conformada por los magistrados de la CCR que son electos por la Asamblea Legislativa; son quienes resuelven las apelaciones o recursos de revisión que realizan los funcionarios. En 2022 confirmaron condenas por $11.3 millones, cuando en 2021 lo habían hecho por $14.3 millones.
Emitió 129 sentencias definitivas pero recibió 175 nuevos recursos de apelación o revisión; por lo tanto los expedientes en trámite aumentaron de 1,510 a 1,556.
El dato
Las condenas a funcionarios del sector público disminuyeron de $6.4 millones a $5.2 millones; mientras que subió para las alcaldías, de $6.3 millones a $7.5 millones.
Auditorías o exámenes
La auditoría o examen especial es realizada por las Unidades de Auditoría de la Corte de Cuentas de la República (CCR).
Recursos de revisión o apelación
La Cámara de Segunda Instancia se integra por el presidente, primero y segundo magistrado de la CCR electos por la Asamblea Legislativa. Puede recibir un recurso de apelación ante posible agravio (en 3 días) o de revisión, para rectificar por posibles errores (en 2 años).
Juicios de cuentas
La Corte de Cuentas tiene cinco cámaras formadas por dos jueces de cuentas cada una. Determina la responsabilidad administrativa (por incumplimiento de leyes, multas) o patrimonial (malversación u otros) de funcionarios o empleados. La resolución es notificada a la Fiscalía General. La cámara puede declarar desvanecida la responsabilidad o declarar responsabililidad administrativa o patrimonial.