El gobierno presentó ante la Asamblea Legislativa un pliego de reformas a la Ley especial contra el crimen organizado que aumentaría hasta en una tercera parte adicional las penas máximas contra los imputados que sean calificados como "autores mediatos” de crimen organizado.
La reforma, según el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, va dirigida a los cabecillas de las pandillas, cuya pena máxima por pertenencia a dichas estructuras asciende a 45 años de prisión.
"A los autores mediatos de un delito realizado en esta modalidad delictiva se les impondrá el máximo de la pena aumentando hasta en una tercera parte para cada caso que se halle señalado en la ley”, indica el nuevo artículo 2-A que sería introducido en la normativa.
Pruebas judiciales.
La reforma también permite que en las investigaciones policiales haya colaboradores nacionales y extranjeros en operaciones encubiertas, así como permite que el acta de entrevista por agentes policiales sea "valorada como prueba” y que se permita a la Fiscalía realizar "actos” urgentes y "proceder” a su obtención, buscando la ratificación judicial en las siguientes 72 horas.
Así mismo la propuesta suprime como peritos permanentes a los miembros de la Asociación de Medicina Legal y Ciencias Forenses, destacando el concepto de peritos accidentales.
Los reconocimientos por medio de fotografías serían "incorporados como prueba” para "determinar si una persona es autor o partícipe de un delito”.
Otra reforma propuesta que tiene que ver con la facilitación de pruebas es la confesión, un requisito en el procedimiento abreviado en la normativa.
La propuesta de reforma indica que el juez deberá integrar los elementos de prueba relacionados a la confesión del imputado "no siendo necesario inmediar prueba testimonial”.
Defensor de oficio.
La reforma indica que, si el defensor del imputado no comparece, el juez podrá nombrar un defensor de oficio o un defensor público.
La iniciativa pasó a estudio de la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad de la Asamblea Legislativa junto al proyecto de disposiciones transitorias para facultar a la Fiscalía a que agrupe a los detenidos en el régimen de excepción para acusarlos antes los tribunales.
Ley contra crimen organizado
Tecnologías
La reforma faculta a la Fiscalía General de la República a usar "cualquier soporte electrónico” con garantía de autenticidad e integridad para presentar una acción penal contra un acusado en la presentación de solicitudes y documentos anexos.
Extranjeros
La propuesta de reforma indica que la Policía Nacional Civil podrá auxiliarse de colaboradores nacionales o extranjeros para que participen en una operación encubierta bajo cualquier modalidad y la PNC deberá reservar su identificación.
Será prueba
La propuesta permite que la denuncia o cualquier información relevante constituirá prueba documental y el acta de entrevista que realicen los agentes policiales en el transcurso de investigaciones será incorporada y "valorada como prueba”.