El ministerio de Hacienda ha detectado que al menos 66 alcaldías utilizaron $24.9 millones de fondos transferidos para atender la emergencia de la pandemia del covid-19 en otros destinos y $2.4 millones están en gastos no justificados. El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, adelantó que estos casos se presentarán a la Fiscalía General de la República (FGR) y la Corte de la Cuentas para que determine si hubo delitos. "Hay salidas de fondos no documentados, solo está el muy cheque, pero no hay ningún tipo de documento, ni factura, ni orden de compra, ni una carta solicitando el cheque. No hay absolutamente nada, solo está el muy cheque (...) Casi tres millones de dólares que no están soportados por ninguna clase de documentación”, denunció Zelaya ayer en conferencia de prensa. La anterior Asamblea Legislativa aprobó que el 30 % de los recursos que se aprobaran para la emergencia se transfieran a los concejos municipales para atender la emergencia del covid-19 y las tormentas tropicales de Amanda y Cristóbal, ocurridas a inicios de junio de 2020. De los 262 municipios, Arena gobernaba entonces en 138, que representaba el 52.6 % de todas las municipalidades. El FMLN gobernaba 61 alcaldías, seguido por Gana, con 25, y del PCN, con 24. El resto de municipalidades fueron ganadas en coalición entre estos partidos.

Investigaciones

El 31 de agosto de 2021, la nueva Asamblea Legislativa aprobó un decreto transitorio en el que facultó a la Dirección de Contabilidad Gubernamental, del Ministerio de Hacienda, realizar "algunas investigaciones” en las transferencias de recursos. Hacienda detalló que a las alcaldías se les entregaron $191.7 millones que, según Zelaya, una "buena parte” debieron haberse gastado en la atención de la emergencia como brindar asistencia a grupos vulnerables, proveer alimentos, insumos agrícolas, productos de higiene o materiales para la construcción de viviendas. El primer informe de esas auditorías incluyó a 66 alcaldías que habrían recibido $64.3 millones, pero las auditorías de Hacienda encontraron que de esos $24.92 millones no aplican a los decretos de emergencia y en $2.7 millones no tienen documentos que justifiquen las salidas.

Sin explicaciones

El ministro aseguró que se pidió información a las alcaldías, pero no recibieron suficiente información de descargo o en algunos no respondieron a la solicitud de Hacienda. Zelaya anunció que estos casos se presentarán a la Fiscalía General de la República (FGR) y la Corte de la Cuentas para que determine si hubo delitos. "Aquellos destinos que no están documentados podrían configurarse como delito de peculado o aquellos fondos que no estaban dentro de los destinos de la emergencia de covid-19 podría también tipificarse como malversación de fondos. Entonces, se estarían enfrentando a dos delitos de clase penal”, agregó el funcionario. Zelaya mencionó peculado y malversación de fondos.

Más alcaldías

El ministro Zelaya indicó que un equipo de 300 auditores continúa las investigaciones de las restantes 199 alcaldías, cuyos hallazgos se presentarán en las próximas semanas. "Los resultados son desalentadores. Ya sabíamos que muchas de las alcaldías, sobre todo en el proceso electoral, algunos de ellos perdieron el rumbo y se olvidaron que estaban administrando fondos públicos y por allí podrían venir muchas de las observaciones”, aseguró Zelaya.

El dato

Estos son algunos de los hallazgos encontrados por el Ministerio de Hacienda: 1. La Alcaldía de San Salvador por $1.2 millones. 2. La Alcaldía de Santa Ana recibió $2 millones y tiene observaciones por $900,000. 3. La Alcaldía de Santa Tecla con observaciones por más de $907,000. 4. La Alcaldía de Sonsonate presenta observaciones por $1.3 millones, 5. La alcaldía de Apaneca, Ahuachapán, recibió $540,000, con observaciones de $18,624. 6. La alcaldía de Guaymango, Ahuachapán, recibió 988,000 con observaciones por $136,000. 7. La alcaldía de Coatepeque, Santa Ana, recibió $1,500,000, con observaciones por $1,016,000. 8. La Alcaldía de Chalchuapa, Santa Ana, recibió $1,600,000 con observaciones por $904,000 de proyectos que no "encajan dentro de los destinos del decreto” y $26,000 no documentados. 9. La Alcaldía de San Antonio Pajonal, Santa Ana, tiene observaciones por $150,000. 10. En la Alcaldía de Acajutla, Sonsonate, hay salidas de fondos que no están documentadas por cerca de $900 mil.