ISP emite un promedio mensual de $106 millones de certificados adquiridos por las AFP

El Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) emite un promedio mensual de $106.8 millones de Certificados de Obligaciones Previsionales (COP), instrumentos que son adquiridos por las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP) para que el ISP pueda pagar pensiones del sistema público y otras obligaciones previsionales. Desde abril de 2023, el Banco Central de Reserva (BCR) ha registrado una emisión de un total de $1,922.53 millones de COP, nuevos instrumentos creados a partir de la reforma de pensiones aprobada en diciembre de 2022 y vigente desde enero de 2023. La nueva deuda de pensiones sumada a la deuda emitida por el extinto Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) en Certificados de Inversión Previsional (CIP) asciende a $10,318.81 sin los intereses que deberá acumular en cuatro años y que no serán amortizados gracias a un acuerdo entre las AFP y el Estado salvadoreño. Después de ese periodo, amortizarán un 7 % de interés anual a un plazo de 50 años. Patricio Pineda, integrante de la Mesa por una Pensión Digna, ha advertido que el sistema de ahorros para las pensiones "va a colapsar en un par de años”. "Si eso sigue al mismo ritmo eso se va en tres años; en tres años ni a la gente que le aumentaron 30 % en sus pensiones van a alcanzar a pagarles ese compromiso, que ese porcentaje les van a reducir en un 25 %”, dijo en diciembre de 2023.

¿Debilidad de la Cuenta de Garantía Solidaria?

Otro problema señalado por Pineda es la "debilidad” de la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS), que asumirá el financiamiento del pago de pensiones al agotarse la Cuenta Individual de Ahorro para Pensiones, el pago a los Certificados de Traspaso, las devoluciones a afiliados que no cumplen requisitos y cualquier otra garantía. Según Pineda, un estudio actuarial indica que en el año 2023 ingresaron $906,185,818 a la CGS y en 2024 ingresaron $827 millones. "Así sucesivamente comienza la caída de ingresos”, advierte. Antes de la reforma de 2022, la SSF publicó en marzo de 2020 una "Valuación actuarial del sistema de ahorro para pensiones” que calculaba que a partir de 2028 la CGS no tendría ingresos o remanentes suficientes para financiar las obligaciones. En 2028 se calculó un déficit de $154.97 millones y en 2029, de $170.01 millones. La reforma de 2022 agregó 1 punto de la cotización porcentual del trabajador aportada por el empleador, subiendo del 5 % al 6 % de los ingresos de ahorros para pensiones que van a esta cuenta colectiva. La SSF no ha publicado un estudio actuarial sobre su suficiencia. De acuerdo con la nueva Ley Integral del Sistema para Pensiones, los fondos de los ahorrantes que van a la CGS sirven para pagar la pensión mínima, las pensiones del Sistema de Pensiones Público (SPP). La ley indica que el Estado será el último garante de los compromisos de la CGS.