Esas fueron las condiciones aceptadas por las AFP, como representantes de los trabajadores cotizantes del sistema, para el 99 % de los Certificados de Financiamiento de Transición (CFT), según el informe de la calificadora S&P Global Ratings del 9 de mayo en el cual bajó la calificación crediticia a Selective Default (SD) aunque advirtió que la subiría el 10 de mayo.
El nuevo Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) tenía 120 días para sustituir los Certificados de Inversión Previsionales (CIP), los Certificados de Traspaso (CT) y los Certificados de Traspaso Complementario (CTC), en CFT bajo nuevas características que no especificaba la Ley de Emisión de los Certificados de Obligaciones Previsionales (COP) aprobada en diciembre de 2022.
Los CIP fueron instrumentos de inversión emitidos por el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) creado por el Estado en 2006 con el fin de tomar prestado ahorros de los cotizantes de las AFP para poder pagar pensiones del sistema público, desfinanciado, y otras obligaciones previsionales.
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El informe detalla que los fondos de pensiones privados” (las AFP) “decidieron destinar el 99 % de su cartera al tercer certificado que paga una tasa de interés más alta (7 % en lugar del 4.5 % o 6 % que ofrecían los certificados anteriores), pero tiene un vencimiento más largo (50 años en lugar de 24 años o 44 años de vencimientos pendientes)”.
De acuerdo a S&P, “el perfil de amortización de estos certificados no tiene pago de capital ni de intereses durante los primeros cuatro años”, por lo que el gobierno tendría un “alivio fiscal” de $500 millones en esos cuatro años.
En total, son más de $8,400 millones de fondos para pensiones cotizados en las AFP que están invertidos en estos instrumentos que fueron convertidos a nuevas condiciones por mandato de la ley aprobada en diciembre de 2022 junto a la Ley Integral del Sistema de Pensiones. En este sentido, la reforma de pensiones permitió un alivio financiero para el gobierno y se traduce, hasta después de la conversión, en una mejor calificación crediticia para El Salvador.
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Una base de datos de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) mostraba, hasta junio de 2022, un saldo de $9,410 millones de ahorros de los cotizantes al Sistema de Ahorro para Pensiones invertidos en instrumentos de instituciones públicas; de estos detallaba $7,458 millones invertidos en instrumentos emitidos por el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP), es decir, Certificados de Inversiones Previsionales (CIP), los que fueron convertidos en CFT.
La reforma aprobada en 2022 y vigente a partir de 2023 ordenó la conversión de los CIP en CFT bajo nuevas condiciones pero también abrió la posibilidad de que las AFP puedan invertir hasta un 100 % de los fondos de pensiones en Certificados de Obligaciones Previsionales (COP), nuevos instrumentos que podrán ser emitidos por el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP).