La magistrada de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Sandra Luz Chicas, pidió a los diputados poner un plazo límite a los procesos que rige la Ley contra el Crimen Organizado, ya que el gobierno propuso derogar el plazo actual de 24 meses.
El Ministerio de Justicia y Seguridad pide, en el proyecto, derogar el inciso quinto del artículo 17: "En todo caso el proceso penal no excederá de 24 meses”. El proyecto fue aprobado ayer por la Comisión de Seguridad sin hacer lectura pública del mismo.
Antes de la votación en la Comisión de Seguridad, la magistrada sugirió establecer un límite a la detención provisional, ya que el Código Procesal Penal establece 12 meses para delitos menos graves y 24 meses para los graves.
"Sabemos que los 24 meses puede ser un plazo muy corto para terminarlo de tramitar y el tema de la detención, yo les sugeriría que se ponga un plazo porque hoy tal como está va a quedar en el infinitivo (sic) y una de las críticas que tuvimos en el pasado de la comunidad jurídica es que una persona podía pasar 10 años por un hurto de una gallina”, afirmó. Esta fue una de las más de 10 observaciones que hizo la magistrada. Los diputados no hicieron comentarios específicos sobre sus observaciones.
Pide que juez valore las pruebas.
La reforma a la Ley contra el Crimen Organizado intenta introducir diferentes pruebas por ley: la confesión del imputado, la orden de declaración anticipada, reconocimientos de fotografías y la admisión de pruebas en general.
Una reforma obligará al juez a que "imperativamente” integre "elementos de prueba relacionados con la confesión del imputado, no siendo necesario inmediar prueba testimonial” (19-A), algo que según la magistrada sería "contrario” al sistema acusatorio y a la Convención de Palermo. "Siempre, si usted es juez y en sus manos está decidir si manda a 40 años a la cárcel, deberían reconsiderar esta propuesta”, sugirió.
Objetó la reforma que establece que el juez "deberá ordenar la práctica de la diligencia” de declaración anticipada de testigos, víctimas o peritos, "con solo la vista de la solicitud”. "Me preocupa esta parte, se los dejo para que lo piensen con la almohada. ¿Qué pasa si falta un requisito?, ¿si no ha motivado?, pareciera que el juez solo va a ser pasapapeles”, observó.
La reforma incorpora "como prueba” los reconocimientos en fotografías; la magistrada sugirió condicionarlo: "Si los han ofrecido y si los han admitido” como prueba.
Pidió eliminar la disposición que indica que "las partes podrán acordar, total o parcialmente, la admisión y la producción de la prueba” según el Código Procesal Penal. La admisión de pruebas, advirtió, siempre ha estado en manos del juez.
Además, sugirió que se modifique la disposición que prescinde del testimonio de los peritos, condicionándolo a si las partes así lo solicitan.
Colaboradores.
La magistrada sugirió evaluar si subir penas para el autor mediato de crimen organizado es proporcional, ya que el autor directo, coautor y autor mediato "tienen igual pena”. Así mismo, pidió garantizar que los colaboradores extranjeros respondan a líneas de trabajo en el marco de acuerdos bilaterales con los países. "Me inquieta un poco” que "dicen que van a venir agentes extranjeros a colaborar como una especie de agentes encubiertos, ¿cómo queda la responsabilidad si se sale fuera de las líneas de trabajo?”, preguntó. Los diputados dijeron que tomarían en cuenta "algunos puntos”, sin embargo, los dictámenes aprobados no fueron leídos ni los legisladores discutieron en público cambios a los proyectos de ley.
En su intervención, la magistrada aclaró que sus observaciones eran únicamente recomendaciones y elogió, por ejemplo, la agrupación de imputados a través de las disposiciones transitorias. "Es sano que agrupe por clicas, canchas, estructuras, es una buena decisión, es muy acertado, en principio es acertado”, afirmó.
Propuesta de reformas a la ley del crimen organizado
Las observaciones de la magistrada se centraron en dejar la valoración de la prueba de los procesos al juez, algo que el gobierno pretende introducir por ley.
1.- Admisión de pruebas
El gobierno pide que las parte puedan acordar la admisión de las pruebas. Magistrada observa que es decisión del juez.
2.- Plazo máximo
La reforma deroga el plazo máximo de 24 meses para los procesos. La magistrada sugiere establecer un plazo, incluso mayor.
3.- Sin testimonio de peritos
La reforma prescinde de testimonio de los peritos. La magistrada sugiere agregar "si las partes así lo solicitan”.
4.- Confesión del imputado
La reforma aceptaría la confesión del imputado como prueba sin necesidad de su testimonio. La magistrada lo objetó.