Los magistrados de la Corte de Cuentas de la República (CCR) que conforman la Cámara de Segunda Instancia confirmaron condenas de juicios de cuentas por irregularidades en el manejo de $13.8 millones ($13,854,189.55) de fondos públicos de enero a diciembre de 2023.
El monto de condenas definitivas es 22 % mayor al confirmado un año atrás, en 2022, cuando los magistrados confirmaron condenas por $11.2 millones ($11,265,716.83).
En 2023, la Corte de Cuentas emitió auditorías que encontraron montos irregulares por $46.3 millones, 67 % menos que el monto encontrado en 2022.
Pero el monto de las condenas en juicios de cuentas fue, en 2023, ocho veces mayor que en 2022.
Menos monto detectado en auditorías
Las direcciones de auditoría de la Corte de Cuentas detectaron posible responsabilidad patrimonial por un total de $46,389,963.99 en 2023. En la Corte de Cuentas, los resultados de las auditorías pasan a juicios de cuentas en las cámaras de primera instancia, que pueden o no condenar.
Respecto a 2022, cuando las auditorías observaron un monto total patrimonial de $141,309,033.32, el monto cuestionado en las auditorías ha disminuido 67 % en 2023.
Más monto condenado en juicios
En 2023, el monto de condenas emitidas por cámaras de primera instancia aumentaron 783 %, de $12.7 millones en 2022 a $112.9 millones ($112,922,232.62) en 2023. El monto absuelto por las cámaras bajó un 10 % a comparar ambos años.
Las Cámaras de Primera Instancia emitieron 199 sentencias sobre municipalidades (58 %) y 147 sobre instituciones del sector público (42 %).
Los casos analizados por las cámaras de primera instancia aún deben pasar por la Cámara de Segunda Instancia, conformada por los tres magistrados electos cada tres años por la Asamblea Legislativa.
De las condenas, $103,647,867.38 fueron atribuidos a instituciones del sector público y $9,274,365.24 a municipalidades.
Las cámaras también emitieron absoluciones de $22,275,522.67 para el sector público y $4,598,858.70 para municipalidades, un total de $26.8 millones.
En el año 2023, los servidores públicos señalados han cancelado $443,497.76, más de los $124,025.14 pagados en 2022.