Otros tres exmpleados de Casa Presidencial, procesados en el caso de corrupción del expresidente Mauricio Funes, mantendrán arresto domiciliar.
Once imputados no llegaron a la audiencia ni mandaron representación legal.
El Juzgado Quinto de Paz de San Salvador ordenó ayer que los cuatro capturados, acusados de desviar $183,860,715.02 en el Gobierno de Salvador Sánchez Cerén sigan en prisión provisional, por encontrar indicios de los delitos de peculado y lavado de dinero.
Según el fallo verbal que dio la jueza, ayer en la tarde, quienes seguirán detenidos son el exdirector ejecutivo de Casa Presidencial, Manuel Arturo Ayala Orellana; el exjefe del Estado Mayor Presidencial, Jorge Antonio Revelo; la extesorera Daysi Armida Díaz y el dueño del taller "Frenos y Más”, Alexander Benítez Peña.
Por otro lado, los únicos imputados presentes, Jorge Alberto Herrera quien fungió como tesorero de Casa Presidencial; el exgerente financiero, Francisco Rodríguez Arteaga y el exasistente financiero, Pablo Gómez seguirán con arresto domiciliario, que ya tenían por estar ligados al proceso penal por corrupción del expresidente Mauricio Funes.
"Para mis compañeros empleados sí puedo decir que igual (que él), arresto domiciliario, que ya lo teníamos. Solamente”, respondió ayer Gómez a los periodistas que aguardaron el fallo afuera de la sala 5B del Centro Judicial Isidro Menéndez.
Para los 11 acusados restantes, entre ellos el expresidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, el Juzgado Quinto de Paz de San Salvador resolverá su situación jurídica "con vista a requerimiento”, en los próximos días.
Cuatro personas fueron capturadas por el desvío de los $183 millones en la última administración del FMLN. / FGR.
El caso.
A las 18 personas, la Fiscalía General de la República los acusa de haber desvíado los $183 millones de la Cuenta de Gastos Reservados de la Presidencia de la República hacia seis cuentas de terceros entr el 1 de junio de 2014 hasta el 31 de mayo de 2019.
La Fiscalía aseguró que los fondos fueron trasladados a las cuentas particulares del exsecretario privado, Manuel Melgar, y el exdirector ejecutivo de la presidencia, Manuel Ayala. La Fiscalía le atribuye a Ayala el blanqueo del dinero a cuentas del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE).
Así mismo, la Fiscalía acusa al exasistente financiero Pablo Gómez y Edgar Lizama, exjefe del OIE del desvío de $3,968,547 provenientes de fondos de la cooperación China-Taiwán.
El fallo de la audiencia ocurrió a puerta cerrada por tener reserva total y no se pueden conocer detalles de los hechos de corrupción que señala la Fiscalía en el requerimiento presentado. Al finalizar, ni los fiscales ni los defensores quisieron hablar con los periodistas.
El caso describe el mismo modo de operar que administraciones anteriores de la Fiscalía imputaron a los expresidentes Mauricio Funes y Antonio Saca, este último condenado a 10 años de cárcel por peculado y lavado de dinero, en el desvío de $300 millones de Capres a cuentas personales.
Imputados ausentes
1. Salvador Sánchez Cerén, expresidente de la República.
2. José Manuel Melgar Henríquez, exsecretario privado.
3. José Armando Escobar Barillas, exjefe de presupuesto.
4. Carlos Ernesto Guerrero V. Exdirector financiero.
5. Edgar Lizama Rivera, Exjefe de Inteligencia de Estado.
6. Gregorio Abarca Palacios, Exdirector Técnico.
7. Carlos Armando Miranda D., expagador auxiliar de FAES.
8. Arturo Gilberto Alvarado, exjefe del Estado Mayor.
9. William Oswaldo Vaquero L., exasistente de Sánchez Cerén.
10. José Saúl Osorio R., exenlace de Estado Mayor.
11. Carlos Guardado, Seguridad de Sánchez C.