Se frustra juicio abreviado de Silva Pereira y FGR pide 25 años de cárcel

El exdiputado suplente, Carlos Silva Pereira, tuvo un intento de negociar un juicio abreviado con la Fiscalía General de la República, pero se frustró porque el exfuncionario no dispone de $15 millones de responsabilidad civil, según su defensa. Ayer, el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador instaló el juicio contra Silva Pereira por los delitos de lavado de dinero y cohecho activo (soborno), y la Fiscalía pidió que sea condenado a 25 años de prisión; sin embargo, antes de la instalación de la vista pública, la nueva defensa del exdiputado intentó llegar a un acuerdo con los fiscales. "El juicio abreviado no se logró concretar, debido a precisamente la responsabilidad civil, recuerde que para los procedimientos abreviados, además de la pena, se requiere el pago de responsabilidad civil o del resarcimiento del daño, en este caso, el señor Silva Pereira no cumplió con el estándar de responsabilidad civil y por eso se le negó”, dijo el fiscal del caso ayer. Extraoficialmente se supo que los fiscales y los defensores acordaron una reducción de pena de seis años de cárcel: tres por cohecho y tres por lavado de dinero. Pero hacía falta acordar cuánto sería la responsabilidad civil que el imputado debía regresar al Estado. A eso de las 10:00 de la mañana, el Tribunal decretó un receso para que la defensa contactara a la esposa del exdiputado, sin embargo, en la tarde la fuente dijo que no habían podido contactarla. Por ello, el juicio se instaló a las 2:00 de la tarde de forma ordinaria y seguirá hoy con alguna declaración de testigos.

Los hechos.

Silva Pereira ha sido acusado de lavado de $13.4 millones en un caso donde la Fiscalía lo señala de haber sobornado a 22 alcaldías de la zona oriental, una de la zona Paracentral y otras en el Área Metropolitana, para que le adjudicaran obras, esto a cambio de préstamos que él les conseguía. Por este caso, su esposa Nora Parada de Silva fue condenada a siete años de prisión que cumplió en marzo de 2014, cuando recobró su libertad. La Fiscalía la acusó de haber creado las constructores Provecom y CED, que ganaron las licitaciones de las alcaldías, sin cumplir los requisitos de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. Durante ese tiempo que Parada de Silva estuvo en prisión, el exdiputado estuvo en Estados Unidos; de hecho, Silva Pereira permaneció 13 años en calidad de prófugo, luego que el 25 de enero de 2007 se le girara la orden de captura. El exfuncionario salvadoreño habría permanecido preso en una cárcel de Arizona desde el año 2007, cuando ingresó de manera irregular a territorio estadounidense y después solicitó asilo político. Pereira fue señalado por la fiscalía de traficar cocaína, y guardarla en su rancho en la isla Corral de Mulas, Usulután, pero nunca fue acusado por ello.