La jueza del caso accedió a la pretensión fiscal y fijó como límite del plazo de instrucción, el 13 de mayo de 2020; a partir de ese fecha, el Ministerio Público dispondrá de cinco días hábiles para presentar el dictamen de acusación (investigación final).
Este expediente está instruido en contra del expresidente Mauricio Funes, por los delitos de lavado de dinero, agrupaciones ilícitas e instigador en el delito de peculado.
La acusación también incluye a Miguel Menéndez Avelar “Mecafé”, señalado de blanqueo de capitales, peculado, cohecho activo y agrupaciones ilícitas; el expresidente de CEL, José Leopoldo Samour Gómez, por peculado; también contra Mario Federico Pieragostini Maiochi, representante de Astaldi por cohecho activo (soborno) y José Efraín Quinteros, por lavado de dinero. Los tres imputados también son señalados de agrupaciones ilícitas.
La sexta procesada es Ada Mitchel Guzmán Sigüenza, compañera de vida del expresidente Mauricio Funes, a quien la Fiscalía le atribuye lavado de dinero.
Este caso fue judicializado por la Fiscalía el 4 de enero de 2019, y el primero que enfrentó la audiencia fue el empresario “Mecafé”, luego se giró orden de captura para José Leopoldo Samour Gómez, por peculado, Mario Federico Piagostini Maiochi, representante de Astaldi por cohecho activo (soborno) y José Efraín Quinteros, por lavado de dinero.
Los imputados son señalados de pagar a la empresa italiana Astaldi $108.5 millones en arreglo directo por finalizar el contrato llave en mano, de la construcción de la presa El Chaparral.
La planificación
Las pesquisas fiscales determinaron que el papel de “Mecafé” fue clave en toda la trama de corrupción; testigos lo señalan como la persona determinante en el arreglo directo con la empresa italiana Astaldi y evitar un arbitraje.
Los testimonios en el expediente detallan que el arreglo directo permitiría obtener un beneficio económico de unos $3.5 millones depositados en dos empresas “offshore” de nombre Headford Bussiness y Reyne Services, constituidas en Panamá por Menéndez Avelar.
Registros migratorios lo ubicaron en Panamá en gestiones de constitución de las dos referidas sociedades, para que el dinero que Astaldi les entregó por el arreglo directo de $108.5 millones por finalizar el contrato llave en mano, fuera supuestamente depositado a las cuentas de las empresas “offshore”.
En el expediente, la representación fiscal le reprocha a Menéndez Avelar que en el año 2012, cuando ya no ostentaba ningún cargo público supuestamente indujo a Leopoldo Samour, entonces presidente de CEL, para que llegara a un acuerdo con la italiana Astaldi.
El contrato llave en mano que fijó el precio y que obligaba al contratista a no variar el monto de la obra y entregarla en 1,500 días, no se cumplió y a pesar de eso se finiquitó a Astaldi en junio del año 2012, pero en el fondo hubo supuestamente un interés dinerario por parte de Mecafé, Leopoldo Samour, el expresidente Mauricio Funes y demás imputados, según la acusación presentada por la Fiscalía.
