La Cámara Mixta de Vigilancia Penitenciaria de San Salvador rechazó la petición de la Fiscalía General de la República de revisar el cómputo de la pena del expresidente de la República, Elías Antonio Saca González, y con ello deja firma la posibilidad que la defensa pueda pedir la libertad condicional anticipada del exmandatario, para octubre de este año.

La razón de rechazar la petición, según los magistrados de Cámara, es porque este tipo de decisiones ya no se pueden apelar por ley.
Es por ello que la resolución recurrida no es objeto del recurso de apelación, en razón de que, en primer lugar, no existe legalmente la figura de 'la revisión de la revisión del cómputo de la pena". Resolución de la Cámara Mixta de Vigilancia Penitenciaria.

¿A qué se refiere la Cámara con "revisión de la revisión del cómputo de la pena"? Tras las dos condenas de 10 y dos años de cárcel en contra del mandatario, sus abogados defensores pidieron una revisión del cómputo al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, quien había definido que el mandatario debía purgar 12 años de prisión.

Esta decisión fue apelada por los defensores y la Cámara ordenó que el expresidente Saca solo pague 10 años, debido a que los otros dos quedan incluidos en la pena mayor.

La decisión de la revisión, a criterio de la Cámara, es inapelable y por eso, deja por sentado su decisión.

En audiencia especial, la jueza segunda de Vigilancia Penitenciaria afirmó que aunque no estaba de acuerdo con el nuevo cómputo de la pena, y ya no se haría con dos condenas sino solo con la diez años, como lo ordenó la Cámara.

El 28 de octubre de este año 2021, Saca cumpliría la media pena, debido que permanece arrestado desde el 30 de octubre del 2016. Si su defensa lo solicita y si el comportamiento del mandatario ha sido bueno, podría salir al cumplir este tiempo.

Saca fue condenado a 10 años de cárcel -cinco por peculado y cinco por lavado de dinero- luego de haber confesado la extracción de $301 millones de la Cuenta Subsidiaria del Tesoro Público de Casa Presidencial.

Sin embargo, recientemente su abogado defensor, Mario Machado, dijo que el expresidente debe pagar la condena civil de $260,732,171.64 para poder salir con libertad.