La semana pasada fue presentado un informe denominado “Impacto del desplazamiento interno forzado por violencia generalizada en los derechos de la niñez y adolescencia en El Salvador”, el cual sostiene que siete de cada 10 estudiantes que abandonaron las escuelas en los años 2017 y 2018 lo hicieron debido a la violencia, especialmente motivada por las estructuras terroristas denominadas maras o pandillas.
El informe detalla que en el bienio señalado el Estado poco o nada hizo para abordar el problema de los desplazamientos forzados, por lo tanto se carece de una política sistemática para enfrentar esta realidad que golpea a decenas de miles de familias en todo el país.
Las familias, amenazadas de muerte por los pandilleros que controlan ciertos territorios, se desplazan hacia otros lugares, donde también hay control de las pandillas, corriendo de esa forma un peligro permanente. Recuerdo el caso de una familia del cantón El Cedro de Panchimalco, que en 2016 tuvo que desplazarse de su lugar porque los terroristas les mataron a tres miembros. Se fueron a vivir a unos 40 kilómetros y un año después otro de sus miembros, un estudiante de 17 años, fue asesinado por los pandilleros que intentaron reclutarlo, por lo que tuvieron que volverse a desplazar hacia otro sitio más lejano.
El actual gobierno y los anteriores siempre se negaron a aceptar el desplazamiento forzado y siempre han sostenido que las fuerzas de seguridad mantienen el control del territorio, lo cual no es del todo cierto. Hay comunidades donde hasta los policías y soldados tienen miedo entrar.
Hace algunos meses hubo un muerto en el arenal del Proyecto Santa Teresa de San Martín y los soldados y policías no quisieron entrar a custodiar la escena del crimen hasta que llegó un contingente amplio, pues les informaron que en la zona había pandilleros armados. Así, hay muchos lugares donde la PNC y el ejército entran solo cuando se dan operativos de envergadura.
Un investigador policial contaba que las autoridades de Seguridad conocen a la perfección donde hay control territorial de las pandillas y qué tipo de delitos cometen, pero ni así hay una política de recuperación de esos espacios. En algunas comunidades son los pandilleros los que deciden quienes pueden trabajar o vivir en los sitios. Ellos mantienen el control del ingreso y salida de las personas y hasta familias que sienten protegidas por esos grupos criminales.
Recientemente se acaba de condenar a varios pandilleros que operaban en un mesón de la avenida 29 de Agosto, cerca del mercado Central de San Salvador, quienes obligaron a un grupo de familias a abandonar, pero cuando uno de los vecinos decidió marcharse, lo golpearon y lo querían obligar a que se quedara a vivir ahí. Esto refleja que los pandilleros mantienen el control sobre las familias, lo cual queda ilustrado cuando se observa que hasta la PNC y el ejército ayudan a hacer los traslados de los pocos bienes de las víctimas obligadas a marcharse.
Volviendo a la deserción escolar, está claro que es hasta este mes cuando el Estado ha aceptado la problemática de los desplazamientos internos forzados, sumándose a la presentación de una iniciativa para que la Asamblea Legislativa apruebe una ley que permita atender a las víctimas. Desde luego que se necesita una ley con carácter urgente. El país la necesita desde hace décadas, cuando las pandillas comenzaron a controlar vastos territorios por doquier.
En tiempos de la “Tregua” un director de un centro escolar rural del departamento de La Paz me contaba cómo desde el gobierno central le habían llamado la atención por reportar que casi la mitad de los estudiantes habían desertado por el accionar de las pandillas. Le obligaron a decir que los alumnos habían dejado la escuela porque fueron matriculados en colegios privados.
El futuro gobierno tiene otro reto. Proteger a la niñez y adolescencia evitando los desplazamientos internos forzados de las familias, a través de la recuperación de los territorios.