“Estamos contemplando muy seriamente el tema social, la oposición y ahí podemos ver quiénes son los que van, quiénes son los que patrocinan, a dónde llevan a ciertas personas que lamentablemente se dejan muchas veces manipular o se prestan para este tipo de acciones”, señaló Anliker.
La semana pasada, unos 10 propietarios de tierras afectadas -de 150 en total- por la construcción del nuevo aeropuerto, de los caseríos Condadillo y Flor de Mangle, en La Unión, aseguraron que habían rechazado la oferta de compra de terreno del Gobierno, además que organizaban un comité para establecer una negociación justa con el Ejecutivo.
Algunos afectados aseguraron que por manzanas se han dispuesto a pagarles $8,000. Por lo cual, no descartaron realizar una demanda colectiva para evitar, según consideraron, una violación a sus derechos.
Por su parte, Anliker incluso aseguró que “los mismos de siempre” son los que están financiando y queriendo “hacer ver mal” el proyecto. El presidente de CEPA dijo que se busca no solo un reasentamiento para los residentes de las comunidades, sino también crear empleo a los jóvenes de la zona para evitar la migración.
Indicó que los ministerio de Vivienda y Obras Públicas (MOP) junto al Centro Nacional de Registros (CNR) trabajan por colocar a la población afectada en una “vivienda digna”. “Tener un aeropuerto es sumamente beneficioso y no como ellos (la oposición) quisiera tener unos ‘charrabascales’ que han estado en abandono en años, ellos quisieran tener así, verdad”, dijo en una entrevista de un medio estatal.
La Ley para la Construcción, Administración, Operación y Mantenimiento del Aeropuerto Internacional del Pacífico señala en su artículo 7 que CEPA tiene la facultad de adquirir, ya sea por compra, permuta (intercambio), expropiación u otro título, los “bienes muebles e inmuebles necesarios para la construcción de la obra”.
CEPA no ha confirmado ni negado, hasta el momento, que se vaya a ejecutar una expropiación en la zona.
Avanza el proyecto, pese a las alertas ambientales.
Mientras tanto, sumó Anliker, esta semana continuará el diálogo con los titulares de las tierras de estas comunidades y reiteró su compromiso de alcanzar un acuerdo mutuo y buscar un reasentamiento a todos los residentes.
CEPA proyecta que se generarán alrededor de 23,000 empleos con el aeropuerto. El proyecto se encuentra en fase de diseño, al que le antecedió un estudio de factibilidad, de mercado, así como de impacto sociales y medioambientales.
El estudio económico del aeropuerto, elaborado por el consorcio Peyco-ALBEN 4000, reveló que la plataforma portuaria tendrá capacidad de movilizar hasta un millón de pasajeros y aportaría el 1.5 % del Producto Interno Bruto (PIB, producción de bienes y servicios) en su primer año de operaciones.
Sin embargo, el estudio ambiental elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) advirtió que el proyecto cumple con la condición de “impacto ambiental potencial moderado a alto”.
Además, la zona donde se construirá la plataforma intercepta con una parte del área natural protegida del Manglar El Tamarindo, sirve de corredor y tránsito temporal de especies de aves residentes y migratorias, así como hay susceptibilidad de inundación alta y afectaciones en las “parcelas urbanas y agrícolas”.