21°
36°
Nigel Chalk, director interino del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, aseguró a la agencia de noticias Reuters que mantienen “interacción” con las autoridades salvadoreñas, pero que no han recibido una petición de acompañamiento fiscal.
“Existe el potencial para un programa allí. No creo que hayamos recibido una solicitud para un programa. Solo estamos en discusiones preliminares, por lo que no tenemos un cronograma en particular”, aseguró a la agencia.
El Gobierno de Nayib Bukele tuvo acercamiento con el FMI a inicios de 2021 para un acuerdo por $1,300 millones. Se esperaba que estuviera listo a mediados de ese año, pero las negociaciones se comenzaron a demorar después de que la Asamblea Legislativa -de mayoría oficialista- destituyera a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general. Luego, sufrió otro impasse por la adopción del bitcoin.
Aunque el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, se comprometió en varias ocasiones que se mantenían las negociaciones para un acuerdo, no se llegó a concretar.
¿Qué ha pedido el FMI?
En la última revisión al Artículo IV, una consulta periódica con sus países socios, la misión técnica del FMI consideró que la máxima prioridad del Gobierno salvadoreño debería ser un plan fiscal “completo y ambicioso”.En esta consulta, realizada en febrero pasado, el FMI recomendó nuevamente un ajuste fiscal de 3.5 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) para los próximos tres años, con el cual se impulse “la confianza del mercado y proteja el gasto prioritario en lo social y en infraestructura”.
Un ajuste fiscal requeriría un compromiso del Gobierno de implementar medidas para reducir el gasto público y aumentar los ingresos, esto último a través de elevar la tasa de IVA o congelar las plazas.
La deuda del Sector Público no Financiero (SPNF) cerró en $24,235.4 millones en diciembre de 2022 y representó el 76.2 % del PIB. Si bien el peso respecto al Producto Interno Bruto se redujo en comparación con el 81 % de 2021, el monto de los compromisos aumentó $971.6 millones.
Para el FMI, que reconoció la baja en el ratio de deuda, aún hacen falta esfuerzos fiscales para garantizar el financiamiento en un contexto de menor crecimiento para 2023.