La agencia Moody’s Investors Rating mantuvo este viernes en firme su calificación soberana para El Salvador en “Caa3”, aunque pasó de negativa a positiva la perspectiva al considerar que hay un menor riesgo de un evento crediticio de corto plazo tras el pago de los bonos.

La calificadora se suma a Fitch Ratings, que este jueves también decidió mantener sin cambios su nota de la deuda salvadoreña bajo el argumento de que aún persisten las presiones de liquidez para el Gobierno central.

Moody’s degradó en mayo de 2022 la calificación de El Salvador de “Caa1” a “Caa3”. En la escala de la agencia, en este grupo se encuentran las empresas o emisores de deudas con mala posición fiscal y sujetas a un riesgo crediticio muy alto.

La perspectiva positiva significa que la agencia podría mejorar la calificación de El Salvador en su próxima revisión. En un comunicado, explicó que su decisión de cambiarla se basa en el pago de los $800 millones de bonos, una operación que en los últimos dos años estuvo en el hilo por el riesgo de que el Gobierno no pudiera cumplir el compromiso.

“El estrés de liquidez ha disminuido en línea con una reducción del déficit fiscal”, señaló la agencia al recordar que el próximo gran vencimiento está programado para enero de 2025. De esa emisión, el Gobierno solo adeuda $347 millones después de liquidar parte de las obligaciones a través de una compra anticipada de septiembre de 2022.

Sin embargo, mantiene su calificación por “las necesidades de financiamiento persistentemente altas, la falta de acceso a los mercados de capital internacionales, la baja asequibilidad de la deuda y la falta de un marco fiscal y de financiamiento creíble a mediano plazo seguirán pesando sobre la calidad crediticia”.

No hay predictibilidad de gestión fiscal.

Moody’s estima que para el resto de 2023 las obligaciones de pago de deuda extranjera del Gobierno representarán el 1.7 % del Producto Interno Bruto (PIB) y un 2.3 % para 2023, pero estos compromisos serán cubiertos por nuevos reembolsos de multilaterales.

“A pesar de la falta de acceso del soberano a los mercados internacionales de capital y las limitadas alternativas de financiamiento, el monto principal restante del bono internacional de 2025 y los reembolsos a los acreedores oficiales siguen siendo manejables siempre que los desembolsos multilaterales se mantengan alrededor de los niveles programados”, insistió.

La agencia pone énfasis, sin embargo, en el peso que tienen los intereses y amortizaciones de deuda, que estima representan el 17.6 % de los ingresos para 2022 y se mantendrán por encima del 18 % hasta 2025.

Señaló también que la falta de un marco fiscal a mediano plazo socava la previsibilidad de las políticas.

La Administración de Nayib Bukele suspendió la aplicación de la ley de responsabilidad fiscal por la pandemia del covid-19, pero después de esto no se actualizaron las nuevas metas para reducir el déficit y el nivel de endeudamiento.

Para la agencia, el deterioro en la formulación de políticas ha socavado la confianza de los inversores y restringido el acceso al mercado internacional. “La gobernabilidad débil también se refleja en la capacidad limitada del soberano para mantener una liquidez adecuada que ha resultado en una probabilidad elevada de eventos crediticios, alineando el perfil crediticio de El Salvador con una calificación Caa3”, agregó.

La calificadora opinó que el Gobierno tiene espacio para lanzar nuevas operaciones de compra anticipada, aunque los bonos “continúan cotizando en niveles angustiados”.

Entre los factores que podrían mejorar la calificación de El Salvador está una reducción en la dependencia de la deuda de corto plazo y un plan de financiamiento “creíble” de mediano plazo que evidencia la previsibilidad de la política.