El proyecto minero está ubicado a solo 14 kilómetros de El Salvador y desde 2022 tanto los habitantes de Asunción Mita en Guatemala -el poblado aledaño a la mina y vecino de la frontera San Cristóbal- como grupos ambientalistas salvadoreños e incluso el ministro salvadoreño de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Fernando López han advertido sobre las consecuencias que la aprobación de esa mina podría tener.
López cuestionó en mayo de 2022 que se desconoce el tratamiento de los residuos de la mina que van a parar al río Ostua y estas al lago de Güija, en Santa Ana, y al principal afluente salvadoreño: El Lempa. También representantes de la Asociación de Mujeres Ambientalistas (AMAES) y la Fundación Eco Feminista de El Salvador, han advertido sobre la explotación de los desechos en la mina guatemalteca Cerro Blanco y como afectaría a las zonas aledañas del lago Güija, ubicado en el departamento de Santa Ana.
De manera que el gobierno salvadoreño debería tomar cartas en el asunto y entablar conversaciones con el nuevo gobierno guatemalteco para buscar cómo impedir esa contaminación. Por cierto, Estados Unidos sancionó al exministro guatemalteco de Energía y Minas del gobierno saliente por corrupción en las concesiones mineras y al propio Giammattei por corrupción significativa. ¿Será una coincidencia que esa aprobación haya sido a cinco días de entregar el poder?