La situación de Guatemala parece irse complicando innecesariamente en las últimas semanas. La persecución judicial contra el Movimiento Semilla, el partido del presidente electo, Bernardo Arévalo, está generando una inestabilidad política y social al grado de que el futuro mandatario ha hablado de las intenciones de un golpe de Estado que le impida asumir su mandato el 14 de enero.

Y aunque el discurso formal del presidente saliente, Alejandro Giammattei habla de una transición democrática ordenada, el ambiente está enrarecida por las decisiones de la Fiscalía, alineada claramente con el mandatario, una actitud que se ha ganado el repudio de la mayoría de guatemaltecos y de la comunidad internacional.

El riesgo es que estos grupos que buscan cortarle las piernas a Arévalo estén empujando a Guatemala a una etapa de confrontación y polarización extremo. Existe el riesgo de un golpe de Estado de extremistas de derecha conocidos como “el Pacto de corruptos” y también existe el riesgo que esta persecución judicial termine radicalizando también a los seguidores de Arévalo y ambos escenarios son peligrosos para el vecino país.

Hay una clara intención de cierto sector político en Guatemala de desconocer la voluntad popular que permitió la elección de Arévalo y para ello utilizan la Fiscalía y a jueces afines, los mismos que precisamente han sido sancionados por Estados Unidos por actos de corrupción.

Si esos grupos no entienden la peligrosa escalada que están provocando, pueden empujar a Guatemala a escenarios peligrosos e inéditos para un país que pese a su clase política, se ha caracterizado por una estabilidad política y económica. Ojalá que la sensatez prevalezca y la transición democrática se enrumbe por el camino correcto.