La matanza ocurrió entre el 9 y el 13 de diciembre de 1981, cuando unidades del Ejército salvadoreño, encabezadas por el batallón Atlacatl lanzaron una operación militar. En 2017, el Estado salvadoreño dictaminó que al menos 988 personas, entre ellas 558 niños, fueron asesinadas en El Mozote y las comunidades adyacentes.
La masacre fue negada entonces por el gobierno de José Napoleón Duarte y todavía hoy hay algunos que niegan que hubiera ocurrido. Por eso hay un proceso judicial abriéndose esta semana y lo que menos desean las víctimas y sus familiares es verdad y justicia.
El caso evidentemente presenta dilaciones intolerables y todavía en el presente se trata de darle largas a este proceso cuando precisamente las víctimas y victimarios están muriendo. Como todo hecho histórico de esta magnitud, el propósito no debe de ser reabrir heridas, sino precisamente sanar esas heridas con verdad y justicia como lecciones de nuestra vida nacional para que jamás vuelvan a ocurrir estas atrocidades a manos de agentes del Estado o de grupos irregulares.
Si se hace justicia en este caso, El Salvador estará cerrando una de las vivencias más horribles de nuestra historia y la nación entera podrá mirar con la frente en alto su futuro.