El rector de la UES, Juan Rosa Quintanilla, ha señalado que esta caída en el número de aspirantes no es exclusiva de la universidad pública, sino un fenómeno generalizado en otras instituciones del país. Sin embargo, lo que debería preocupar no es solo el ingreso, sino también la alta tasa de deserción universitaria. Según las cifras proporcionadas, solo 20 de cada 100 estudiantes logran completar su carrera en el tiempo establecido, lo que sugiere que existen barreras estructurales que dificultan la permanencia en el sistema educativo.
¿Qué está pasando con la educación superior en El Salvador? Hay múltiples factores que podrían estar incidiendo en esta tendencia. La pandemia de COVID-19 alteró los hábitos de estudio y afectó económicamente a muchas familias, lo que obligó a muchos jóvenes a posponer o abandonar sus estudios. También debe considerarse la crisis económica y la necesidad de insertarse rápidamente en el mercado laboral, lo que podría estar llevando a muchos jóvenes a optar por trabajos de baja calificación en lugar de continuar su formación académica.
Además, la falta de incentivos y condiciones adecuadas dentro de las universidades también puede estar jugando un papel clave. Problemas como la insuficiente oferta de becas, la falta de actualización en los planes de estudio y la escasa conexión entre la academia y el mercado laboral pueden estar desmotivando a los jóvenes. Si a esto sumamos el creciente acceso a alternativas de educación en línea y carreras técnicas más cortas y accesibles, es evidente que las universidades, incluida la UES, deben replantear sus estrategias para atraer y retener a los estudiantes.
El reto es grande, pero también es una oportunidad para reflexionar sobre la educación superior que queremos. No basta con aumentar el número de admitidos si no hay una política clara para reducir la deserción y garantizar que los graduados tengan oportunidades reales en el mundo laboral. La educación no puede seguir siendo un privilegio ni una carga difícil de sostener para los jóvenes; debe ser un derecho accesible y un motor de desarrollo para el país.