En una sorpresiva noticia, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo liberó y desterró a 222 presos políticos y los envió a Estados Unidos. En una aberración jurídica más, los despojó de su nacionalidad nicaragüense horas más tarde en un atropello cometido por diputados leales al régimen de Managua.

Entre los liberados hay líderes políticos, religiosos, periodistas, empresarios, feministas, líderes campesinos, profesionales, cuyo único crimen ha sido sacar lo mejor de su patriotismo para demandar democracia, derechos humanos y las libertades civiles conculcadas por una dictadura familiar que ha aplastado todo resquicio de derechos en Nicaragua.

Desterrándolos, la dictadura de Nicaragua cometió otro crimen más de lesa humanidad, uno más en su cadena de crímenes por los que tendrán que pagar tarde o temprano.

Los presos políticos fueron encarcelados y condenados sin debido proceso, sin abogados defensores, en condiciones infrahumanas, aislados, sin poder ver a sus familias. La dictadura bicéfala de Nicaragua ha tomado de rehén a su pueblo para seguir gobernando manu militari a pesar de no contar con el apoyo popular y carecer de legitimidad. Hay que recordar que Ortega y Murillo se reeligieron en noviembre de 2021 tras encarcelar a todos los candidatos opositores.

Entre los liberados no figura el obispo católico Rolando Álvarez, símbolo de la persecución de la dictadura contra la Iglesia que ha sido la única voz de resistencia que quedaba. Álvarez se habría negado a ser desterrado y prefirió quedarse en prisión, un reflejo de su compromiso religioso y patriótico en la defensa de sus principios.