El FMI, en su evaluación, advierte que el déficit del Sistema Público de Pensiones (SPP) crecerá del 2 % del PIB en 2025 al 2.7 % en 2027, mientras que la deuda de pensiones alcanzará el 28.3 % del PIB. Este panorama es alarmante y evidencia que la reforma de 2022 no resolvió el problema de fondo: la falta de autosostenibilidad del sistema.
La nueva reforma exigida por el FMI intentará poner orden en este desbalance, pero el riesgo es que lo haga bajo la misma lógica de ajuste fiscal que históricamente ha caracterizado al organismo: recortes, aumento de edad de jubilación y restricciones en beneficios.
No se puede obviar que el problema de las pensiones en El Salvador tiene raíces profundas, vinculadas a décadas de políticas improvisadas y falta de planificación a largo plazo. Sin embargo, que el FMI imponga condiciones para una nueva reforma es una señal preocupante sobre la pérdida de autonomía financiera del país. Una reforma previsional debe responder a las necesidades y realidades de los trabajadores y jubilados salvadoreños, no a las exigencias de organismos internacionales cuyo interés primordial es la estabilidad fiscal, muchas veces a expensas del bienestar social.
Es fundamental que la nueva reforma se construya con transparencia y participación ciudadana. Las decisiones sobre el futuro de las pensiones no pueden tomarse a puerta cerrada entre el gobierno y el FMI sin el escrutinio de los sectores afectados. Además, es imprescindible que se garantice la sostenibilidad del sistema sin recurrir a medidas que precaricen aún más la situación de los jubilados y trabajadores. De lo contrario, corremos el riesgo de repetir el mismo ciclo de reformas improvisadas que terminan generando más problemas de los que resuelven.
Los intereses de los jubilados deben ser la prioridad en cualquier reforma de pensiones que debe tener una visión de largo plazo que garantice la seguridad social de sus ciudadanos.