Guatemala vive una peligrosa incertidumbre luego que la Corte de Constitucionalidad ordenó detener la validación de los resultados de las elecciones generales del pasado 25 de junio, para resolver supuestas irregularidades denunciadas por un grupo de partidos afines al oficialismo.

La decisión judicial es criticada por sectores que la ven como un peligroso precedente que puede llegar a anular los resultados para impedir que uno de los candidatos que pasó a segunda vuelta, pueda seguir en la contienda. Los partidos que se han aliado para cuestionar los resultados son afines al presidente Alejandro Giammattei y a los excandidatos Zury Ríos y Manuel Conde.

A todos parece haberles sorprendido que el candidato de centro izquierda, Bernardo Arévalo, avanzó a segunda vuelta y que podría ganarle a la exprimera dama, Sandra Torres, más cercana al oficialismo.

Estados Unidos, la Unión Europea y la Organización de los Estados Americanos, entre otros, han demandando respetar la voluntad popular y han expresado su preocupación por la interferencia judicial en el proceso electoral, algo que inició en plena campaña cuando se impidió la participación de tres candidatos presidenciales. Estados Unidos ha advertido que el cuestionamiento de las elecciones representa “una grave amenaza a la democracia con implicaciones de largo alcance”.

Tanto la Unión Europea como la OEA han dicho que no existe razón para sospechar que hubo irregularidades como para afectar las escogencias del electorado en la carrera presidencial, pero en los últimos meses en Guatemala, en materia electoral y gracias a la judicialización del proceso, cualquier cosa podría suceder y eso es el gran riesgo para la democracia del país vecino.