La campaña electoral guatemalteca estuvo plagada de decisiones polémicas. Las autoridades electorales inhabilitaron a varios candidatos presidenciales previo a la primera vuelta del 25 de junio, en lo que parecía tener una dedicatoria a aquellos aspirantes que no eran parte de lo que la sociedad civil y los medios denominan “el pacto de corruptos”.
De esas inhabilitaciones apareció sorpresivamente en la segunda vuelta el partido Semilla con Arévalo como candidato y ahí empezó una persecución emprendida por la Fiscalía que solo pude detenerse ante la sensatez del Tribunal Electoral y la Corte de Constitucionalidad. El antivoto contra la candidata que representaba ese oscuro pacto provocó que Arévalo terminara ganando ampliamente, con una ventaja de casi un millón de votos.
Pero ese pacto, con la Fiscalía como instrumento, ahora pretende impedir que Arévalo llegue al poder y anular la legalidad de su triunfo. El colmo es que la candidata rival ha denunciado fraude ante su evidente y contundente derrota. Esperemos que la sensatez se imponga en Guatemala y sobre todo, que se respete la voluntad popular que habló tan alto y claro el pasado 20 de agosto.