Según el ministro, $80 millones fueron invertidos en gastos que no estaban relacionados con la emergencia, incluyendo remodelaciones en las alcaldías, fiestas patronales y otros gastos para los que no estaba destinado el dinero. En un caso extremo, el ministro asegura que hay $4 millones que no tienen soporte alguno de cómo se gastaron.
En contraste, hubo 11 alcaldías que manejaron transparente y eficientemente los fondos. Es lo único rescatable. Esas alcaldías son Nauilingo, Sonsonate; San Isidro Labrador en Chalatenango; Antiguo Cuscatlán y Tamanique en La Libertad, Ilopango, Santo Tomás en San Salvador; California, Ozatlán, San Francisco Javier en Usulután; Chilanga en Morazán y el Meanguera del Golfo en La Unión.
El mal uso o mala gestión de fondos por parte de las alcaldías es un mal bastante común en el país, lamentablemente, pero que lo hayan hecho en momentos que afrontábamos una emergencia como la del covid-19, es imperdonable. Ninguna institución estatal o funcionario alguno que haya hecho mal uso de fondos públicos durante la pandemia puede ser justificado y deben ser procesados como se lo merecen.
Nos parece positivo que se haya hecho estas auditorías a las 262 alcaldías del país, con ese mismo rigor se debe auditar a todas las instituciones estatales para que la transparencia y el buen uso de fondos públicos sea un ejemplo positivo para todos.