La Alta Comisionada adjunta para Derechos Humanos de la ONU, Nada Al-Nashif, denunció este lunes que siguen con preocupación que el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua se “desvía” cada vez más del estado de derecho y que la “impunidad es la norma” que rige sus acciones en el país centroamericano.

“Nuestra oficina continúa documentando graves violaciones de derechos humanos que han tenido lugar en Nicaragua desde 2018. Dirigente políticos y líderes indígenas, miembros de la iglesia católica, defensores de los derechos humanos, periodistas y otras personas han sido sistemáticamente atacados por el Gobierno por expresar opiniones diferentes”, denunció Al-Nashif, en una nueva evaluación sobre las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua.

Muchos están en el exilio, sin posibilidad de regresar... Quienes permanecen en Nicaragua están en constante amenaza o enfrentan una serie de graves violaciones de derechos humanos, y la impunidad es la norma”.

Nada Al-Nashif, Alta Comisionada adjunta de la ONU


Al-Nashif se dijo “descorazonada” por la falta de medidas para impedir que se produzcan violaciones de las libertades fundamentales y por el “continuo distanciamiento del gobierno de los derechos humanos, el estado de derecho y otros principios democráticos”.

Según la oficina de la ONU, el gobierno sigue persiguiendo a quienes pueden aportar una visión alternativa a la esfera pública e incluso inhabilitan el derecho democrático de los indígenas del Caribe, y la ONU señala lo ocurrido el 3 de octubre pasado cuando el régimen de Ortega “cancelaron arbitrariamente” la personalidad jurídica de YATAMA, el principal partido político indígena y afrodescendiente de Nicaragua.

“Cada día, el país se desvía aún más de los derechos humanos, profundizando el sufrimiento de la gente, provocando el éxodo de los jóvenes y socavando el futuro de las instituciones públicas democráticas”, señaló Al-Nashif.

La Oficina advirtió también que sus “dos representantes (de YATAMA) en la Asamblea Nacional fueron privados de libertad por la policía sin orden de arresto ni debido proceso y que sigue preocupada por la salud y la integridad física de uno de ellos, un hombre de 71 años, cuya suerte y paradero siguen sin conocerse desde su detención el 28 de septiembre de 2023 en Bilwi, en una situación que equivale a una desaparición forzada”, denuncian en su informe.

El otro miembro fue condenado a ocho años de prisión el 13 de diciembre por “atentar contra la integridad nacional y difundir noticias falsas”, en un proceso que careció de las debidas garantías procesales y judiciales, señaló Al-Nashif, según publicó la ONU en un comunicado este lunes.

Al-Nashif retomó las denuncias de la sociedad civil que reporta que “17 mujeres y 54 hombres, entre ellos opositores políticos y defensores de los derechos humanos, siguen detenidos arbitrariamente”, y según los informes, algunos juicios penales se celebran sin la presencia física de los acusados, que sólo participan por videollamada, y sin asistencia letrada.

“Nuestra Oficina ha documentado informes de tortura durante la detención, así como información sobre amenazas contra los presos y sus familiares advirtiéndoles de que no denuncien las condiciones de detención”, dijo

La funcionaria de la ONU llamó al régimen de Ortega “para que revierta inmediatamente este rumbo y lleve a cabo un cambio fundamental para el interés de su pueblo sustentando en los derechos humanos”.