"El gobierno Biden-Harris consiguió la liberación por motivos humanitarios de 135 presos políticos detenidos injustamente en Nicaragua", escribió Jake Sullivan, consejero de Seguridad de la presidencia de Estados Unidos.
Sullivan reveló que fueron trasladados a Guatemala, donde podrán decidir si migran legalmente a Estados Unidos u otros países.
Aunque no se ha revelado el listado de los presos políticos, Sullivan especificó que hay dirigentes estudiantiles, laicos católicos y miembros de la Iglesia evangélica Puerta de la Montaña, que es una organización cristiana estadounidense.
El funcionario agradeció a Guatemala por "haber aceptado generosamente recibir a estos ciudadanos nicaragüenses". Una vez en Guatemala podrán "solicitar vías legales para rehacer sus vidas en Estados Unidos o en otros países a través de la iniciativa de la Oficina de Movilidad Segura", precisa.
En tanto el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, dio la bienvenida a los presos políticos liberados.
"Nuestro país ha mostrado su firme convicción democrática, que rechaza rotundamente las amenazas de regresión autoritaria. Hoy reafirmamos ese compromiso y damos de vuelta la solidaridad internacional que tantas veces hemos recibido, acogiendo a 135 hermanos nicaragüenses, presos políticos liberados. Solo en libertad, la democracia, la vida y la humanidad florece. ¡Bienvenidos, hermanos nicaragüenses!", escribió el presidente Arévalo.
Es la segunda vez que Estados Unidos hace gestiones para liberar a presos políticos nicaragüenses. En febrero de 2023 logró la liberación de 222 presos políticos. Tras su liberación fueron desterrados a Estados Unidos y la dictadura de Daniel Ortega los despojó de su nacionalidad. Entre los presos políticos había exprecandidatos presidenciales, líderes estudiantiles, feministas, dirigentes campesinos, sacerdotes y periodistas.
Washington hizo un llamamiento al régimen de Nicaragua para que "ponga fin de inmediato a las detenciones y encarcelamientos arbitrarios de sus ciudadanos por el mero hecho de ejercer sus libertades fundamentales".
La dictadura de Ortega reprimió duramente a las voces críticas tras las protestas prodemocracia de 2018, que en tres meses dejaron más de 300 muertos, según la ONU.