Nicaragua se halla bajo sanciones estadounidenses por la represión de las protestas de 2018 contra Ortega, en el poder desde 2007 y reelegido sucesivamente en elecciones puestas en entredicho por la comunidad internacional.
Washington considera fraudulenta su reelección en 2021 y le reprocha una ola de detenciones contra opositores, muchos de los cuales siguen en la cárcel o se vieron obligados a exiliarse y fueron despojados de su nacionalidad.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) apuntó al Centro de Capacitación del Ministerio del Interior de Rusia en Managua (RTC) por ser "un actor clave en la represión" de la sociedad civil y "en la detención y encarcelamiento injustos de personas por expresar su disidencia o ejercer pacíficamente sus derechos humanos y libertades fundamentales", afirma el Departamento del Tesoro.
"Nicaragua es uno de los principales socios de Rusia en Centroamérica, como lo demuestra una serie de visitas de alto nivel a Managua", indica Washington.
Rusia estableció un centro de entrenamiento en Managua para brindar cursos especializados para la Policía Nacional de Nicaragua (PNN) y las fuerzas del orden de otros países latinoamericanos, insiste.
Este centro "ayuda a mantener el ciclo de opresión violenta en Nicaragua" porque la PNN "es un aparato estatal represivo que lleva a cabo ejecuciones extrajudiciales, utiliza munición real contra protestas pacíficas e incluso participa en escuadrones de la muerte", acusa el gobierno estadounidense.
Además sanciona a la Compañía Minera Internacional (COMINTSA) y a Capital Mining Investment Nicaragua (Capital Mining), dos empresas auríferas afiliadas al gobierno "que generan ingresos" para el régimen de Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, añade en un comunicado.
Como resultado de las sanciones, todos los bienes y participaciones en bienes de la sancionada que se encuentren en Estados Unidos o que estén en poder o bajo el control de estadounidenses quedan bloqueados.
Paralelamente, el Departamento de Estado ha emitido más de 250 restricciones de visa a funcionarios nicaragüenses, que se suman a las más de 1.000 anunciadas en los últimos años.
"Muy cínico"
Por último el gobierno publica un aviso para alertar a la industria del transporte sobre cómo los traficantes de personas facilitan la migración ilegal a Estados Unidos y recordarles "las medidas clave que deben tomar para evitar" ser cómplices.El gobierno es "muy cínico" vendiendo visas "que requieren que las personas salgan en un plazo de 96 horas", explicó una funcionaria estadounidense que pidió el anonimato en una rueda de prensa telefónica.
"Es un régimen agresor que se beneficia (...) y facilita el tráfico ilícito de migrantes", añadió, precisando que la medida no está destinada al turismo.
La relación entre Estados Unidos y Nicaragua se ha tensado especialmente desde las elecciones nicaragüenses de 2021, que se celebraron con los rivales del mandatario presos o en el exilio.
Desde entonces Managua ha llevado a cabo una ofensiva contra miles de oenegés y el mundo académico, además de intensificar la persecución de la Iglesia católica.