El Gobierno de Japón negó este fin de semana que haya iniciado un proceso de remilitarización y calificó de «hipócritas» las acusaciones formuladas por China sobre el rumbo de la política de defensa japonesa.
Las declaraciones fueron realizadas por el ministro de Defensa, Shinjiro Koizumi, durante su participación en los Diálogos de Shangri-La, celebrados en Singapur y considerados uno de los principales foros internacionales en materia de seguridad y defensa.
Koizumi rechazó las afirmaciones de Pekín y cuestionó que un país con un amplio arsenal nuclear critique a Japón por supuestamente avanzar hacia un «nuevo militarismo». El funcionario hizo referencia indirecta a China al responder a las recientes acusaciones contra Tokio.
La controversia aumentó después de que los presidentes de China y Rusia, Xi Jinping y Vladimir Putin, expresaran durante una reciente reunión bilateral su preocupación por lo que describieron como una acelerada remilitarización japonesa, a la que calificaron como una amenaza para la estabilidad regional.
Tras los señalamientos de ambos mandatarios, Koizumi insistió en que el fortalecimiento de las capacidades defensivas japonesas no busca identificar a ningún país específico como enemigo ni promover una confrontación militar.
Sin embargo, el ministro sí expresó inquietud por el crecimiento del presupuesto militar chino y por la expansión de sus capacidades de defensa. Según afirmó, estas acciones se desarrollan sin la transparencia suficiente y generan preocupación tanto en Japón como en otros miembros de la comunidad internacional.
«El enfoque exterior y las actividades militares de China son motivo de grave preocupación para Japón y la comunidad internacional. Japón considera esencial mantener un diálogo y una comunicación francos y constantes, sin eludir los problemas concretos y difíciles, precisamente porque existen desafíos, y su puerta siempre está abierta», manifestó el funcionario.
Las tensiones entre ambos países se han intensificado en los últimos meses, especialmente después de que el Gobierno encabezado por la primera ministra Sanae Takaichi autorizara revisar las restricciones para la exportación de material de defensa. La medida abre la posibilidad de vender armamento a terceros países, algo que Japón había evitado desde el final de la Segunda Guerra Mundial.
