"Hoy, en este día histórico (que coincide con la celebración de la Independencia), firmé el decreto para la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la reforma constitucional al Poder Judicial", dijo el mandatario izquierdista en un mensaje divulgado en sus redes sociales.
La publicación fue acompañada de un video del momento en que López Obrador firmó la enmienda constitucional acompañado de la presidenta electa, su copartidaria Claudia Sheinbaum. "La invité para que sea testigo de honor", dice el mandatario en la grabación.
La elección por voto directo de todos los jueces, incluidos los de la Suprema Corte, permitirá, según López Obrador, limpiar de corrupción al poder judicial y dará "ejemplo" al mundo.
Esta selección de 7,000 jueces y magistrados, unos 1,600 federales, se llevará a cabo en 2025 y 2027 entre candidatos propuestos paritariamente por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Podrán postular los actuales titulares. De no hacerlo, permanecerían en sus cargos hasta que asuman los elegidos.
"Necesitamos que la justicia llegue a todos, que no haya corrupción en el Poder Judicial, que los jueces, magistrados, ministros apliquen al pie de la letra el principio de que al margen de la ley, nada y por encima de la ley, nadie", agregó López Obrador.
El presidente, cuya popularidad supera 70%, acusa al máximo tribunal de favorecer a políticos corruptos, al crimen organizado y de ser la trinchera de la oposición.
"Hoy 15 de septiembre de 2024, a unas horas de que el presidente López Obrador dé el grito de independencia, atestiguo la firma del decreto de la reforma constitucional al Poder Judicial. Momento histórico, por decisión del pueblo", escribió por su parte Sheinbaum en su cuenta de la red social X, al republicar el mensaje del mandatario.
Preocupación
Magistrados de la Suprema Corte mexicana, Estados Unidos y una relatoría de la ONU advierten que el voto ciudadano amenaza la independencia de poderes, pues los jueces podrían ser objeto de manipulaciones políticas y del narcotráfico.La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó el jueves pasado en un comunicado su "grave preocupación" por el impacto de la norma, aprobada el 11 de septiembre por el Senado, en la independencia judicial y el Estado de derecho.
López Obrador, que entregará el poder a Sheinbaum el 1 de octubre, impulsó la enmienda en el marco de su enfrentamiento con la Suprema Corte, que le ha bloqueado reformas que ampliaban la participación estatal en el sector eléctrico y dejaban la seguridad ciudadana en manos de los militares.
La iniciativa tensó además las relaciones con Estados Unidos y Canadá, que advierten sobre un daño a la seguridad jurídica en el marco del tratado T-MEC, que convirtió a México en el primer socio comercial de Washington.
El único caso similar al de México en América Latina es el de Bolivia, donde los magistrados de las altas cortes son elegidos por voto popular, mientras los jueces ordinarios son designados por un consejo de la judicatura.
Sin embargo, la independencia de los magistrados de elección quedó en entredicho en medio de las disputas políticas.