La compañía acudió a un arbitraje para conseguir $20,000 millones en compensación por el cierre de su mina, acusada de dañar el medio ambiente, tras protestas que semiparalizaron al país durante más de un mes a fines de 2023.
"No se olviden que el gobierno es dueño de esa concesión (...), sobre esa base podemos conversar para abrir (o) para cerrar" definitivamente la mina Cobre Panamá, dijo Mulino en una entrevista con la radio ArCa Media En Directo.
Sin embargo, "no voy a aceptar hablar de mina con esos arbitrajes activos", añadió el presidente electo, quien debe asumir el mando el 1 de julio.
La minera no ha comentado por ahora las declaraciones de Mulino, a pesar de un pedido de la AFP.
Las palabras de Mulino no agradaron al ambientalista Guido Berguido, quien indicó que el próximo presidente no puede negociar la reapertura de la mina, pues existe una "ley de moratoria minera indefinida" aprobada por el Congreso el 3 de noviembre.
"Para mí que (Mulino) está siendo político, tratando de apaciguar las aguas y para que las acciones de First Quantum suban, dándole esperanza de algo", declaró a la AFP Berguido, líder de la ONG Bosques Panamá Adopta.
Mulino ganó las elecciones del domingo empujado por la popularidad del exmandatario Ricardo Martinelli (2009-2014), asilado desde hace tres meses en la embajada de Nicaragua para evitar la cárcel tras ser condenado por blanqueo de capitales.
"Hay que sepultarlo"
Las protestas en demanda del cierre de la mina se desataron el 20 de octubre, el mismo día en que el Congreso panameño aprobó la ley del contrato de concesión por 20 años prorrogables. La norma fue de inmediato promulgada por el presidente Laurentino Cortizo.El 28 de noviembre la Corte Suprema declaró "inconstitucional" el contrato de concesión, tras lo cual se paralizó la producción y el gobierno dijo que implementaría un programa de cierre de las instalaciones, sin fecha definida.
La mina posee también una central termoeléctrica y un puerto para buques de gran calado.
Mulino, abogado derechista de 64 años, aclaró que en caso de una renegociación, descartará como referencia el contrato firmado por el actual gobierno.
"Lo único que no será, por el interés nacional, es repetir ese contrato o usarlo de referencia, eso hay que sepultarlo", afirmó el presidente electo.
La mina, que entró en operaciones en febrero de 2019, producía unas 300,000 toneladas de concentrado de cobre anuales desde 2019, lo que representaba el 75% de las exportaciones y el 5% del PIB del Panamá.
Además, daba empleo directo e indirecto a unos 40,000 trabajadores. Solo unos pocos empleados siguen laborando en tareas de mantenimiento.
Organizaciones ambientalistas y sindicales acusaban a la mina de generar daños severos en el medioambiente y consideraban insuficientes los aportes anuales mínimos de 375 millones de dólares en regalías que establecía el contrato.
Menor crecimiento
El cierre de la mina levantó dudas sobre la seguridad de la inversión extranjera en el país y puso presión sobre la economía panameña, que creció 7.3% en 2023, una de las mayores tasas de América Latina, pero que caerá a un tercio este año, según los expertos.El país también enfrenta una sequía que amenaza los ingresos del Canal de Panamá, mientras la Caja de Seguro Social se encamina a quedarse en 2025 sin dinero para pagar las jubilaciones a más de 310,000 panameños, según los economistas.
En marzo la agencia financiera Fitch rebajó la calificación de Panamá (de BBB a BB+) debido al aumento de la deuda pública por un "gran déficit fiscal" (7,3% en 2023) y al "contexto social tenso" por las protestas, decisión que aumenta los intereses de los créditos al país.
Ante estas condiciones, los economistas estiman que Mulino deberá hacer un "ajuste fiscal" que contemple incremento de impuestos, lo que afectaría en especial a la clase media panameña, ya golpeada por los elevados intereses de los créditos hipotecarios y los altos precios de la gasolina.