La ONG reconoció una "apertura" a la prensa por parte del gobernante socialdemócrata, quien en noviembre pasado firmó la Declaración de Chapultepec que establece principios para salvaguardar el periodismo independiente, pero lamentó que continúe el "acoso" y "corrupción judicial" que "perpetúan el ambiente hostil".
"Reconocemos los progresos realizados por el gobierno del presidente Bernardo Arévalo en su primer año, especialmente en materia de fomento del diálogo y respeto de la libertad de prensa", declaró en un comunicado el director de RSF para América Latina, Artur Romeu.
"Sin embargo, estos esfuerzos son insuficientes mientras persistan la criminalización y el acoso judicial a los periodistas", agregó.
RSF destacó el caso del periodista José Rubén Zamora, jefe del extinto diario El Periódico, procesado desde julio de 2022 en dos causas por supuesto lavado de dinero y obstrucción a la justicia que lo mantienen en arresto domiciliario desde octubre, tras pasar más de 800 días en la cárcel.
Ambos casos son avalados por la fiscal general, Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea que la consideran "corrupta" y "antidemocrática".
"Aunque el presidente Arévalo prometió que no se perseguiría a las personas por sus opiniones, la fiscal general Consuelo Porras... ha mantenido su sistemática criminalización de periodistas y defensores de los derechos humanos", añadió el comunicado.
"Pese a las buenas noticias iniciales de la administración de Arévalo, los periodistas guatemaltecos siguen trabajando en un clima hostil", indicó la ONG.
Reporteros Sin Fronteras urgió al gobierno a "implementar rápidamente" una "política de protección" para los periodistas y "frenar el abuso del sistema judicial que provoca la criminalización de periodistas con medidas que competen al Poder Ejecutivo".
Arévalo acusa a la fiscal Porras de perseguirlo y haber planificado en 2023 un "golpe de Estado" para evitar que asumiera el cargo, pero la ley no lo faculta para destituirla.