El comisionado, Ronalth Ochaeta, y el fiscal general, Raúl Melara, en la entrega del primer requerimiento a la Cicies. / Cortesía FGR
La Organización de Estados Americanos (OEA), a través de la Comisión Internacional contra la Impunidad de El Salvador (Cicies) recibió ayer de parte de la Fiscalía General de la República (FGR), el primer requerimiento de asistencia técnica que incluye tres casos de corrupción.
Se trata de la investigación de la última etapa del el proyecto Hidroeléctrico El Chaparral, la asignación y uso del subsidio al transporte público de pasajeros y la adjudicación del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (Sitramss).
“Estos casos que estamos investigando han causado un gran daño y nosotros esperamos poder llegar a investigar con la asistencia técnica que nos brinde OEA y poder dar simplemente los mejores resultados”, dijo Raúl Melara, titular del Ministerio Público.
En la Fiscalía General de la República, diversas unidades ya han abierto expedientes de investigación tras denuncias y avisos interpuestos, pero Melara confirmó que esos expedientes con las respectivas diligencias de investigación, pasarán a la Dirección contra la Corrupción y la Impunidad.
Los fiscales asignados a esa dirección trabajarán directamente con la Cicies para procesar toda la información que reciban y determinar la pertinencia y la utilidad en los expedientes abiertos en los tres casos.
El vocero interino de la Cicies, Ronalth Ochaeta, tras recibir la primera solicitud, dijo que se hace con la mejor disposición para contribuir en la persecución penal y tener mejores resultados en el combate de la corrupción.
El comisionado Ochaeta, dijo que ya están trabajando en las contrataciones del personal que como Cicies tendrán. “Hay contrataciones para peritos forenses, para un juez que tenga experiencia en juzgamiento de casos y fiscales, esos son los elementos que van estar llegando próximamente a partir de febrero”, sostuvo.
El 9 de diciembre del año 2019, la Fiscalía General de la República suscribió con la OEA un acuerdo de cooperación y asistencia técnica con miras a combatir la impunidad y corrupción en la administración pública.
Ese acuerdo permitirá que la Cicies brinde a la Fiscalía General, asesoramiento, recomendaciones y transferencias de conocimientos especializados en procesos específicos de corrupción que el Ministerio Público definirá.
Dicha cooperación y asistencia se podrá solicitar por parte del Ministerio Público mientras esté vigente dicho convenio suscrito, el cual finalizará en enero del año 2022, pero que podría prorrogarse.
Melara reiteró ayer que la institución que preside es la que tiene el monopolio de la investigación y la Cicies solo les colaborará en los casos que se requiera en asistencia técnica y capacitación a los fiscales.
Los tres casos en los que colaborará la Cicies
El presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), Daniel Álvarez solicitó a la Fiscalía General de la República investigar supuestas irregularidades en la construcción de la Presa Hidroeléctrica El Chaparral, desde el año 2014 hasta el 21 de octubre de 2019, fecha en que presentó el aviso, que corresponde a la fase II de ese proyecto. Según el funcionario, en la fase II se le dio continuidad a esos actos ya que el proyecto debió haber costado $208 millones y no $756 millones, esa gran diferencia de dinero erogado da lugar a pensar que hay actos de corrupción.
En junio del año 2019, en una sentencia por unanimidad, la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dijo que es inconstitucional la asignación para uso exclusivo del carril segregado del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (Sitramss) ya que contraviene el artículo 120 de la Constitución de la República, debido que para entregar en exclusividad el referido carril tuvo que haber pasado por una concesión en la Asamblea Legislativa. La Sala dio un año a la Asamblea para resolver y vence en junio próximo.
El 7 de enero de 2020, el diputado de Arena, David Reyes, interpuso un aviso en la Fiscalía General de la República, para que se abriera un expediente de investigación por una posible estafa al Estado, en la que habrían incurrido algunos empresarios del transporte público al cobrar el subsidio y no prestar el servicio a los pasajeros de las diversas rutas, pese a que el gobierno les entrega un subsidio de $400 mensuales por cada unidad de buses y $200 por microbús. A la fecha a 224 unidades de buses se les ha suspendido la entrega del subsidio por faltas cometidas.