Brendan O’Brien, ministro consejero de EE.UU., acompañó a funcionarios del Gobierno salvadoreño para lanzar la licitación del asocio público privado. / Cortesía Fomilenio II
El segundo concurso para estructurar un asocio público privado (APP) bajo el compacto de Fomilenio II ya se encuentra en el mercado tras el inicio de licitación del proyecto de iluminación y videovigilancia para tramos carreteros.
El Gobierno salvadoreño y el de Estados Unidos anunciaron ayer las bases de licitación del segundo asocio público privado estructurado bajo el apoyo de Fomilenio II, el programa que administra los $277 millones donados por la Corporación Reto del Milenio (MCC, por sus siglas en inglés).
El APP es una herramienta para atraer inversión privada, donde el privado se compromete a financiar y mantener un proyecto a cambio que el gobierno le permita su explotación por un período determinado. Se diferencia de la privatización, pues con el asocio público privado no se elimina la propiedad ni la soberanía, con riesgos distribuidos entre la entidad pública y la contratante.
En este caso, según detalló Fomilenio II, los privados estarán obligados por contrato a financiar el proyecto, su diseño, construcción y mantenimiento de la infraestructura en luminarias, cámaras de videovigilancia, cableado subterráneo, cuartos de monitoreo y la operación del sistema. A cambio, el Estado salvadoreño le otorgará el derecho a comercializar publicidad en la carretera.
Un APP “es la combinación sabia de hacer rendir los recursos del Estado para suplir las demandas sociales del país”, indicó durante el lanzamiento de las bases de licitación Carolina Recinos, comisionada presidencial de Operaciones y Gabinete de Gobierno.
Esta licitación se estructuró para un proyecto que durará 15 años y atraería una inversión de $13 millones. El período de recepción de las propuestas técnicas y financieras se extenderá por cuatro meses, luego el ofertante ganador pasará a aprobación de la Asamblea Legislativa, según establece la ley de APP.
El proyecto de iluminación y videovigilancia abarca 143 kilómetros de red vial. De estos, 23 entre Santa Tecla y La Libertad, 52 corresponden de La Gloria a El Espino, 43 desde El Espino al Aeropuerto Internacional de El Salvador, y 25 de la Plaza de Los Cocos a Zacatecoluca.
“Esta es una iniciativa sumamente importante para la seguridad de todos los que transitan por la carretera, pero además es parte de la modernización de la infraestructura logística del país”, explicó Brendan O’Brien, ministro consejero en funciones de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador.
APP, el punto crítico
El compromiso de El Salvador es dejar dos asocios públicos privados al finalizar Fomilenio II. Esta figura para atraer inversiones se incluyó en el primer compacto para la ampliación de la terminal de pasajeros del aeropuerto San Romero y un parque eólico en Metapán. Pero no avanzaron.
En 2015, MCC indicó que eliminaría este componente pero el Gobierno insistió y planteó ocho posibles APP. De esa propuesta, Fomilenio II avanzó con dos, que es la terminal de carga del aeropuerto Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez y el proyecto de iluminación y videovigilancia en 140 kilómetros de carretera.
El programa brinda apoyo técnico y financiero a las instituciones que lideran los APP. Sin embargo, en dos momentos se corrió el riesgo de perder los fondos. El primero ocurrió luego que la Asamblea Legislativa no aprobara a mediados de 2018 una reforma clave para estructurar el modelo de iluminación, el que ahora lanzó el Gobierno, y luego a finales de ese mismo año la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) intentó revertir el modelo para la terminal de carga.
Puntos claves del asocio público privado
Proyecto
Se instalará un sistema de iluminación y videovigilancia en 143 kilómetros de carretera en 24 municipios, donde hay un tráfico vehicular en promedio de 23,750 vehículos diarios. El número de accidentes fatales ocurren entre las 6:00 a.m. y 6:00 p.m.
Beneficio
Se espera una disminución del 30 % en accidentes con lesión, un 65 % fatales y 15 % en daños materiales. Esto conllevaría a un menor gasto público hospitalario, controles de robo e incremento de seguridad vial. La empresa asume la responsabilidad del proyecto.