“Sobre el tema de protección a los menores, quiero especificar que cada diócesis, cada congregación de orden religiosa ve los casos que se presentan de abuso sexual dentro de sí misma. En nuestra arquidiócesis hemos hecho público cada caso que se ha presentado y hemos desarrollado el debido proceso canónico de cada uno de ellos”, aseguró el arzobispo.
Añadió que el caso más reciente conocido es el del sacerdote Jesús Erazo, de la Parroquia San Cristóbal, en Cuscatlán, a quien el mismo jerarca de la Iglesia Católica denunció el 23 de febrero de 2023.
“El último caso ha sido el del sacerdote Jesús Erazo, no sabemos de su paradero, pero hemos seguido su proceso penal canónico y dicho proceso ya está muy avanzado”, dijo Escobar Alas, sin más detalles.
Aprovechó para reiterar que desde el 2014 la arquidiócesis de San Salvador cuenta con la Oficina de Escuchas, para dar atención a las víctimas.
“Desde 2014 tenemos la oficina de escuchas para recibir las denuncias de las víctimas, hemos atendido todas las denuncias, el teléfono de dicha oficina es 7745-1681. El correo eléctronico es arzobispadooficinadeescucha@gmail.com.
Agregó que además, desde el 2016 crearon la Comisión de Protección de Menores, “últimamente ha habido algunos cambios de algunos de sus miembros por eso la quiero volver a dar a conocer hoy”, mencionó.
Según dijo el presidente de la Comisión es ahora el padre Juan Francisco Cartagena, quien estaba presente, al lado de Escobar Alas al momento de dar esta postura, pero que no informó nada. Los otros miembros son la psicóloga Claudia Verónica Alas, la abogada Claudia Geraldina Pérez, y el director Roberto Carlos Alfaro.
“Ellos tienen como función atender a las víctimas, ciertamente, pero además instruir a todos los miembros de la iglesia sobre esta materia y crear las condiciones para que haya justicia y prevención a las víctimas y que cada vez los lugares sean más seguros“, concluyó Escobar Alas.
Hace unos días, miembros de organizaciones de Derechos Humanos denunciaron en conferencia de prensa que tienen conocimiento de al menos 100 casos de abusos y agresiones sexuales contra menores de sacerdotes católicos y líderes religiosos de otras iglesias.