A más de 47 años de la supuesta ejecución arbitraria del poeta salvadoreño Roque Dalton García y la inacción de la justicia salvadoreña, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tramita la demanda contra el Estado Salvadoreño, al igual que en otros dos casos, registrados durante el pasado conflicto armado que vivió El Salvador entre 1980 y 1992, revelaron este viernes representantes del Laboratorio de Investigación y Acción Social contra la Impunidad (LIASCI)
A diferencia de los tres casos admitidos por la Comisión, la desaparición forzada de Patricia Emilie Cuéllar Sandoval, su padre Mauricio Cuéllar Cuéllar y Julia Orbelina Pérez, el 28 y 29 de junio de 1982, la Comisión ante la falta de respuesta del Estado salvadoreño por acatar sus recomendaciones para la sanción de los responsables, la reparación de los daños y la no repetición de los hechos, elevó la demanda a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 14 de mayo de 2022.
En el caso de Roque Dalton, fue admitido por la comisión el 1 de diciembre del 2021, diez años después que la familia y el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA) presentaron la denuncia ante la falta de acción de las autoridades nacionales.
Los hechos que acabaron con la vida de Dalton ocurrieron el 10 de mayo de 1975 y según las investigaciones fue por supuestas rencillas entre Jorge Meléndez, dirigentes del Partido Comunista de El Salvador (PCS) y Joaquín Villalobos del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), una organización que después pasó a conformar al FMLN, aparentemente, por sus posturas extremas frente a las víctima, que veía más la situación políticamente.
“Documentación escrita de exmiembros del Ejército Revolucionario del Pueblo establecen que los restos de mi padre y de un dirigente sindical están en una tumba escondida que no quieren decir dónde está; esperamos que el sistema de justicia de El Salvador aclare esto y logremos encontrar los restos mortales de mi padre y de Armando Arteaga, ejecutados en 1975”.
Juan José Dalton,
Hijo del Poeta.
Con la admisión del caso en la CIDH, el hijo afirmó que el caso será debatido y habrá una resolución con recomendaciones hacia el Estado salvadoreño para investigar los hechos y reparar el daño cometido; de no acatarse, el caso pasaría a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que establecerá el grado de responsabilidad del Estado salvadoreño.
Un camino de impunidad
El hijo de Dalton lamentó que en dos gobierno del FML no se investigó el caso, sino que más bien contrataron a uno de los sospechosos, Jorge Meléndez (de seudónimo Jonás) y lo colocaron a la diestra de los presidentes como secretario presidencial; “Arena nunca hizo justicia y solo nos quedaba la esperanza de que el FMLN cumpliera con su compromiso, de hacer justicia en el caso de Roque Dalton pero sucedió todo lo contrario”, se quejó el hijo.Agregó que el caso fue denunciado ante la Fiscalía General de la República pero al no ver resultados, acudieron con un amparo a la Sala de lo Constitucional.
La expectativa fue que con la admisión de la demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Sala de lo Constitucional resolvería con mayor rapidez y se iniciaría el proceso penal contra los sobrevivientes que asesinaron a Roque Dalton y el líder sindicalista.
“Todos sabemos que Joaquín Villalobos y Jorge Meléndez, destacados dirigentes del FMLN en la guerra civil, han sido involucrado en la muerte de mi padre y del dirigente sindical, y que los dos gobiernos del FMLN han sido cómplice de la injusticia que se cometió contra Roque Dalton y Armando Arteaga”, recalcó el familiar.
Carlos Parada Andino, otro dirigente de la Asociación de excombatientes, afirmó que además de respaldar los esfuerzos por llegar a la verdad de los cuatro casos, ellos han sumado demandas contra la dirigencia del FMLN ante la Fiscalía General de la República “para reclamar justicia” por miles de combatientes asesinados a manos de la exguerrilla durante la guerra.
Carlos Palacios se refirió al asesinato del sacerdote Rafael Palacios el 20 de junio de 1979 en Santa Tecla, producto de la pastoral que ejercía en ese municipio y “después de 43 años de reclamar justicia en El Salvador, no hemos tenido respuesta, a lo mejor vamos a seguir los pasos que nuestros compañeros han dado a nivel internacional para tener justicia”.
“A mi hermano pretendían secuestrar en las calles de Santa Tecla después de asesinar a otros cuatro religiosos antes de él, en su caso se proponían que por medio de la tortura, lo harían hablar en contra de monseñor Romero, él se opuso contra tres policías, se defendió, y al no someterlo, lo sacrificaron con un tiro de gracia, creían que con matarlo se arreglaría todo, ahora nosotros pedimos justicia y aún no la hemos obtenido”, expresó Palacios.
Benjamín Cuéllar afirmó que este es el mecanismo que deben seguir las víctimas de violaciones de derechos humanos cuando en el país no hay pronta ni cumplida justicia.
Más casos admitidos en la CIDH
- Ejecución Arbitraria del Ingeniero Félix Antonio Augusto Ulloa, rector de la Universidad de El Salvador, admitido el 29 de octubre de 2021.
- Desaparición forzada de Francisco Arnulfo Ventura Reyes y José Humberto Mejía, estudiantes de Derecho de la UES, en un hecho del 22 de enero de 1980. La demanda fue admitida el 1 de diciembre de 2021.
