El fiscal del caso señaló que el proceso judicial se encuentra en “la ronda de la prueba testimonial” de la masacre ocurrida el 14 de mayo de 1980 “en la zona de Las Aradas, zona de Las Vueltas, El Coyolar, Ojos de Agua y todos los cantones aledaños y, precisamente en el cantón Las Aradas es donde se dio el mayor número de personas que fueron asesinadas”.
La Fiscalía aseguró que testigos de esta masacre declararán por primera vez en sede judicial.
“De todos los datos que narran los testigos se valorará cada testimonio y si hay lugares que practicar inspección, lugares donde se identifiquen que se encuentran personas que fueron asesinadas en el contexto del conflicto armado, se procederá en la búsqueda de prueba científica, a través de procesos de exhumación para determinar la identidad de estas personas y la búsqueda de nuevos testigos que nos permitan conocer qué sucedió”, señaló el fiscal del caso.
En mayo de 2022, familiares de las víctimas de la masacre del río Sumpul señalaron que las autoridades salvadoreñas, específicamente la FGR, seguían sin imputar cargos en contra de los responsables de la matanza ocurrida en la zona norte del país, pese a que la denuncia fue interpuesta en 1992.
"A 42 de la masacre, los sobrevivientes y familiares seguimos demandando justicia y reparación, lamentamos la negativa de las instituciones encargadas de hacer justicia y del Gobierno que no ha agilizado los procesos para que se investigue la realidad de los hechos", señaló el presidente de la Junta Directiva de la Asociación Sumpul, Felipe Tovar.
El pasado 29 de abril, las autoridades entregaron las primeras osamentas encontradas en el casarío Las Aradas. / Gabriel Aquino.
Señalan retraso en investigaciones de crímenes de guerra
El pasado 14 de septiembre la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) junto a diferentes organizaciones y víctimas del conflicto armado, señalaron que 14 procesos judiciales vinculados a crímenes de guerra perpetrados durante la guerra civil salvadoreña, seguían sin avances dentro de los tribunales, entre ellos la masacre del Río Sumpul.
“La justicia salvadoreña ha sido incapaz de investigar, perseguir y sancionar a los responsables de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad y de guerra ocurridos durante los 12 años de conflicto armado en el país”. Sonia Rubio, representante de DPLF.
Las organizaciones señalan que algunos de los casos donde el Estado no ha avanzado en las diligencias son: el magnicidio de Monseñor Romero, la masacre El Mozote, la masacre Del río Sumpul, la desaparición forzada de las hermanas Serrano Cruz, la tortua y detención de Vilma Vásquez, la masacre de los Jesuitas, casos de violencia sexual, la desaparición forzada de la familia Guzmán Orellana, la masacre de Francisco Angulo , el asesinato de cuatro periodistas holandeses, la tortura y detención de Rafael Segura, el caso Fenastras, la masacre estudiantil de la Universidad de El Salvador y la masacre de El Calabozo.
De acuerdo con el informe de la Comisión de la Verdad, el 13 y 14 de mayo de 1980, aproximadamente 300 personas del caserío Las Aradas, cantón Llano Largo, de Concepción Quezaltepeque, Chalatenango, fueron brutalmente asesinadas por efectivos del destacamento militar número 1, de la Fuerza Armada de El Salvador, miembros de la Guardia Nacional y de la paramilitar Organización Nacional Democrática (ORDEN).
El fiscal de la Unidad del Conflicto Armado detalló que la diligencia para recabar los testimonios de los cuatro familiares de las víctimas de la masacre del Río Sumpul, “podría prolongarse varios días”.