La Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos denunció, este martes, que el Estado salvadoreño sigue sin cumplir en su totalidad con la sentencia emitida la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por la desaparición forzada de las hermanas Ernestina y Erlinda Serrano Cruz de 7 y 3 años de edad, respectivamente, durante el conflicto armado de 1980-1992.

Pro-Búsqueda señaló que a 20 años de la sentencia emitida el 1 de marzo de 2005, la Corte Interamericana impuso una serie de medidas que El Salvador debe cumplir con la familia de las víctimas como reparación de los hechos, sin embargo, aseguraron que estas han sido parciales.

De acuerdo con el informe de la CIDH, en el apartado de Modalidad de Cumplimiento, señala que el Estado salvadoreño deberá cumplir con la obligación de investigar los hechos denunciados, e identificar y sancionar a los responsables.

Según explicó, el vocero de la Unidad Judicial de la asociación, Helí Hernández, la Fiscalía General de la República (FGR) no ha realizado avances con las investigaciones sobre el posible paradero de las menores, ni relacionado con sus captores, por lo que el caso de las hermanas Serrano Cruz continúa en la impunidad, a 43 años de los hechos.

“Esto quiere decir que tanto el Órgano Judicial, la Fiscalía y el (Órgano) Ejecutivo dediquen todos sus recursos y establezcan una línea de investigación clara para poder establecer la identidad de los responsables. Se mantiene este estado de impunidad del caso”.
Helí Hernández,
Vocero de Pro búsqueda.


Las hermanas Serrano Cruz desaparecieron desde el 2 de junio de 1982, durante un operativo militar llamado "Operación Limpieza", el cual se llevó a cabo en varios sectores del departamento de Chalatenango. Pro búsqueda sostiene que en dicho operativo al menos otros 55 menores fueron arrebatados de sus familiares.

Entre las otras medidas establecidas por la Corte y que señalaron no se cumplieron fueron que el Estado debía brindar un tratamiento médico y psicológico a los familiares de Ernestina y Erlinda.

Adoptar las medidas de reparación relativas al funcionamiento de una comisión nacional de búsqueda de jóvenes que desaparecieron cuando eran niños durante el conflicto armado y participación de la sociedad civil.

La creación de una página web de búsqueda y adoptar la medida de reparación relacionada con la creación de un sistema de información genética.

En el caso de las medidas de efectuar el pago de las indemnizaciones por concepto de daño material e inmaterial, Pro-Búsqueda resaltó que, si bien, se cumplió, el mayor interés de la familia es conocer el paradero de las menores.

Y en la medida de realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad en relación con las violaciones declaradas en la sentencia y de desagravio a las víctimas y sus familiares, se dijo que no se hizo como debía.

Fenómeno de la niñez desaparecida en el conflicto armado

Ana Julia Escalante, de la Unidad Ejecutiva de Pro búsqueda dijo que El Salvador tiene la obligación de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos, y que en la actualidad existen otros casos de niñez desaparecida que siguen sin ser resueltos.

“El fenómeno de la niñez desaparecida no es un tema del pasado, sino que hasta ahora en día muchas familias no conocen el paradero de sus niños que fueron desaparecidos”, sostuvo Escalante.

Para Pro búsqueda, El Salvador fue responsabilizado de “haber violentado los derechos de las personas denunciantes de ser protegidos judicialmente, a tener acceso a garantías judiciales eficaces y a ser protegidos en su integridad personal”.

En la conferencia, Pro búsqueda compartió audios de Fernando y Suyapa, hermanos de las menores desaparecidas, quienes piden al Estado "que no haya impunidad, que se siga con la investigación y se pueda dar con el paradero de nuestras hermanas".