El 27 de marzo de 2022, en respuesta a 87 homicidios registrados el fin de semana anterior, Bukele instauró un régimen de excepción para combatir a las pandillas, que controlaban el 80% del territorio.
"Hemos recuperado más de 11 mil viviendas a nivel nacional", dice el ministerio en un informe
La policía y el ejército fueron desplegados en los barrios controlados por pandillas, lo que facilitó la recuperación de casas ocupadas por supuestos pandilleros o abandonadas por sus dueños.
El mes pasado, la ministra de Vivienda, Michelle Sol aseguró que solo en la colonia La Campanera de Soyapango, 700 viviendas han sido recuperadas con una inversión de $5 millones.
“Ahora las familias tienen la oportunidad de aplicar para obtener una casa y educación dignas, libres de pandillas, gracias a las acciones de seguridad implementadas por el Presidente Bukele", dijo Sol.
Las pandillas se financiaban con extorsiones y venta de drogas, pero también con la renta de viviendas usurpadas que ofrecían en alquiler, según las autoridades."Un 90% de las viviendas recuperadas necesitaban mejoramiento, un 60% estaban desmanteladas total o parcialmente", indicó el ministerio.
En los barrios, las pandillas tenían sometidos por el miedo a los habitantes y el gobierno les atribuye más de 120 mil homicidios en las últimas tres décadas.
Por temor, miles de familias abandonaron las casas que estaban pagando a crédito al estatal Fondo Social para la Vivienda (FSV).
Aparte de las casas devueltas a sus legítimos dueños, otras 9.044 que no habían sido pagadas fueron vendidas a "familias trabajadoras de menores ingresos" con créditos del FSV, indicó el ministerio.
Con este fin, el FSV destinó 119 millones de dólares para créditos sin prima y a un interés del 2% anual.
Las casas recuperadas estaban principalmente en los departamentos de San Salvador, La Libertad, Santa Ana y Sonsonate.
Más de 86 mil presuntos pandilleros han sido encarcelados en tres años de régimen de excepción, ademáslos homicidios cayeron de 106 por cada 100,000 habitantes en 2015 a 1,9 en 2024. Sin embargo, la medida es criticada por grupos de derechos humanos que afirman que no respeta las libertades civiles y que hay muchos inocentes tras las rejas.