El Comité de Familiares de Presos Políticos de El Salvador (Cofappes) entregó un escrito ayer en la oficina del Comisionado Presidencial para los Derechos Humanos y la Libertad de Expresión, Andrés Guzmán, con la finalidad de informarlo sobre el incumplimiento de órdenes judiciales, de parte de Centros Penales, para poner en libertad al exministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, y tres exfuncionarios más.

"Estamos pidiendo al comisionado Andrés Guzmán que intervenga en el hecho de que existen dos casos, donde existen cartas de libertad y que hasta la fecha no se da cumplimiento", manifestó Ivana Cruz, abogada de Cofappes.

El exministro de Seguridad junto a 18 más son acusados por los delitos de actos arbitrarios, peculado, cohecho impropio y falsedad, cometidos en las tiendas penitenciarias bajo el nombre de la Asociación Yo Cambio (Asocambio).

La acusación establece que crearon 21 cuentas bancarias, una cuenta por cada penal, y por medio de estas trasladaron los fondos destinados a alimentación de presos y se empezaron a administrar. La pericia financiera contable realizada en el caso indica que la Asociación Yo Cambio administró $510,000.

Sin embargo, el 11 de diciembre pasado recibió una orden de libertad, debido a padecimientos de salud, aunque seguirá atado al proceso; no obstante esta orden no ha sido cumplida por la Dirección General de Centros Penales y ni el director del penal de La Esperanza, donde permanece recluido, ni le director de Centros Penales, Osiris Luna, responden las razones.

Cofappes alegó que presentó el escrito para informar a Guzmán, ya que en otras manifestaciones, el comisionado ha dicho que no existen denuncias o peticiones en su oficina, y por tanto, no existen torturas. "Yo cuestionaría esa decisión, el hecho de que los compañeros estén sin comunicación con el mundo exterior es una tortura", añadió Ivana Cruz.

Tres procesados más

Pero no es el único caso, junto a Ramírez Landaverde también es procesado el comisionado policial Roque Mártir quien el mismo día recibió orden de libertad y tampoco se ha cumplido.

De igual forma, los exdiputado Denis Córdova y Jaime Valdés son procesados en el caso Monarca, pero el 20 de noviembre de 2023, la Cámara Tercera de la Sección del Centro ordenó que se pusieran en libertad a ambos y en su lugar, se estableciera la medida del arresto domiciliar. Esta orden no se ha cumplido.

Cruz asegura que los funcionarios de Centros Penales pueden estar cometiendo delitos de desacato judicial y privación de libertad, y por ello, han certificado a la Fiscalía General de la República.