La Universidad de El Salvador (UES) presentó esta semana un informe donde denuncia ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) que la educación superior pública gratuita en el país tambalea, debido a la falta de desembolsos de las asignaciones presupuestarias, por parte del gobierno.

En la presentación del informe, el rector universitario, Juan Rosa Quintanilla, tildó la situación de un “estrangulamiento presupuestario” y reveló que al cierre del año, el gobierno adeuda $34 millones al alma mater.

“Como Universidad de El Salvador estamos preocupados por la garantía del derecho a la educación de la población salvadoreña, dado que la Universidad cubre una tercer parte de los universitarios del país”, sostuvo la vicerrectora Evelyn Farfán en la presentación del informe.

Farfán enlistó que la falta de fondos ya afecta al programa de becas remuneradas, misma que es para los estudiantes que obtienen excelentes calificaciones y no pueden costear la asistencia a clases.

Ante ello, la UES hace cuatro recomendaciones al Estado salvadoreño:

La primera, tomar las medidas necesarias para que la educación superior pública sea “un pilar fundamental en las políticas públicas de educación” y se destinen los recursos necesarios.

Luego que se adopten las medidas para garantizar el financiamiento de programas para disminuir la brecha de género; que las medidas financieras cubran las áreas de investigación científica de la universidad y cumplir con el pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales que indican el financiamiento de la educación.

Este informe será presentado ante el Examen Periódico Universal (EPU) donde el país enfrentará audiencia el próximo 20 de enero en Ginebra, Suiza.

Ley de Educación Superior

La UES también presentó su preocupación ante “el peligro de reformas legales a la Ley de Educación Superior” y la Ley Orgánica de la UES que ven como una amenaza a la autonomía universitaria.

Por ello, piden que no se aprueben estas reformas y se garantice la participación de lso actores involucrados en la formulación de una nueva legislación, además de abstenerse de promover el discurso de desprestigio contra la universidad.

Otra preocupación de la Universidad es la vigencia del régimen de excepción que amenaza el desplazamiento de sus estudiantes a clases; la vicerrectora Farfán aseguró que a la fecha desconocen cuántos estudiantes permanecen en prisión por esta medida extraordinaria de seguridad del gobierno.